La reciente protesta encabezada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx revela una creciente inconformidad con los procesos institucionales dentro de la universidad, particularmente en torno a la sucesión de Carlos Barrera. Pone en evidencia el deseo de los jóvenes por ser escuchados y por incidir activamente en la vida política universitaria. Este tipo de movilizaciones no deben ser minimizadas, sino interpretadas como un llamado urgente a revisar los mecanismos de participación y representación dentro de la institución. Aunque la administración central de la UAEMéx ha expresado su disposición al diálogo, el panorama se complica ante la formalización de paros en al menos dos espacios académicos. La voz estudiantil, cuando se articula mediante asambleas y argumentos claros, merece una respuesta institucional que vaya más allá del protocolo. La rectoría debe entender que el fondo del reclamo no es solo una coyuntura electoral, sino una exigencia de transparencia, apertura y reforma que viene gestándose desde hace tiempo en las aulas y pasillos universitarios.
Amago formal
El anuncio de un paro parcial por parte de al menos 20 empresas del transporte público en el Valle de Toluca representa un amago para Daniel Sibaja, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Aunque los concesionarios exigen un aumento en la tarifa del pasaje, resulta insostenible su reclamo cuando gran parte de las unidades operan en condiciones deplorables, sin cumplir con los mínimos estándares de seguridad, higiene o accesibilidad. Nombrar a Odilón López Nava, presidente de la Canapat, al frente de esta presión evidencia que se trata de un movimiento estructurado, pero también cuestionable en términos éticos: ¿cómo pedir más al usuario sin ofrecer mejoras a cambio? Este amago de paro revela no sólo una crisis tarifaria, sino una profunda desconexión entre las autoridades de movilidad y los empresarios del transporte. La falta de un diálogo serio y efectivo se traduce en amenazas y chantajes al margen del bienestar ciudadano.
Mayores sanciones
La propuesta de Morena para eliminar el delito de estupro en el Estado de México y reclasificarlo como violación equiparada es un avance legislativo urgente y necesario. Por años, esta figura legal ha funcionado como un resquicio que permite a agresores sexuales evadir sanciones severas, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. El diputado Carlos Antonio Zurita Trejo acierta al buscar cerrar este vacío jurídico que, en la práctica, ha perpetuado la impunidad disfrazada de consentimiento. El mensaje debe ser claro: no puede haber indulgencia ante crímenes que atentan contra la integridad y dignidad de la niñez. Esta reforma pone sobre la mesa una exigencia pendiente del Estado: actuar con contundencia en la protección de menores. Ahora, la responsabilidad recae en las y los legisladores mexiquenses para dejar de lado cálculos políticos y aprobar una iniciativa que prioriza a las víctimas y no a los agresores.
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