La proyección de un paquete de 92 iniciativas para 2026 muestra a una mayoría legislativa que busca marcar el ritmo del debate público desde el arranque del año, pero también plantea el reto de traducir la cantidad en calidad y consensos. La agenda anunciada por Morena, que abarca desde derechos humanos y justicia social hasta medio ambiente, digitalización y movilidad, evidencia una intención de reforma integral que, bien conducida, podría atender rezagos históricos del Estado de México; mal administrada, corre el riesgo de saturar al Congreso y diluir prioridades. En este contexto, el papel del coordinador parlamentario, Francisco Vázquez Rodríguez, será clave para que la coordinación con el Ejecutivo no se limite a la alineación política, sino que garantice discusión seria, tiempos realistas y resultados tangibles, evitando que las iniciativas se queden, una vez más, varadas en comisiones o reducidas a buenas intenciones legislativas.
Prevenir la violencia desde la infancia
La advertencia sobre la creciente participación de jóvenes en dinámicas delictivas obliga a replantear el enfoque de la política social en el Estado de México, más allá de medidas reactivas o de corto plazo. El encuentro de los sistemas municipales DIF deja claro que la prevención de la violencia comienza en la atención temprana, en la protección de derechos y en la construcción de entornos comunitarios sólidos. En ese marco, la iniciativa del DIFEM para sistematizar experiencias exitosas y convertirlas en un Atlas de Buenas Prácticas, encabezada por su directora general Karina Labastida Sotelo, representa un intento por romper con la improvisación que suele acompañar los cambios de administración. El verdadero desafío será que esta visión se traduzca en políticas continuas, con recursos suficientes y coordinación efectiva, capaces de ofrecer alternativas reales a niñas, niños y adolescentes antes de que la exclusión social los empuje hacia la violencia.
Un vacío
La salida de Fabián Gómez Calcáneo de la Comisaría de Seguridad Pública de Atizapán de Zaragoza no puede leerse únicamente como un cambio administrativo, sino como un momento clave para evaluar la política de seguridad local. Su gestión se desarrolló en un contexto adverso y dejó como saldo una disminución relevante en la percepción de inseguridad, un indicador que, aunque no lo es todo, sí refleja un cambio en el ánimo ciudadano. Sin embargo, la falta de explicaciones sobre los motivos de la renuncia y la ausencia de un relevo anunciado generan un vacío que puede poner en riesgo los avances alcanzados. En un municipio donde la seguridad ha sido una de las principales demandas sociales, la decisión que tome el gobierno local en los próximos días marcará si se consolida una estrategia de largo aliento o si se vuelve a empezar desde cero.
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