La denuncia penal interpuesta por la alcaldesa Juana Carrillo ante el presunto desfalco de más de 400 millones de pesos en Cuautitlán pone al descubierto, una vez más, el desaseo financiero con el que se heredan las administraciones en el Estado de México. Al judicializar las anomalías detectadas por el OSFEM y la Contraloría en materia de obra pública, la edil no solo cumple con un ejercicio de transparencia, sino que marca una sana distancia política frente a los vicios del pasado. Sin embargo, la verdadera prueba para la gestión de Carrillo Luna no estará en la pirotecnia de la conferencia de prensa, sino en la capacidad de la Fiscalía mexiquense para fincar responsabilidades reales y recuperar el patrimonio municipal. Evitar la impunidad en este caso será clave para demostrar que el combate a la corrupción va en serio y no se trata simplemente de una narrativa para justificar el arranque desde cero en las finanzas locales.
El complejo escenario judicial que enfrenta Nancy Nápoles Pacheco en Tenancingo expone, de forma cruda, los privilegios procesales que la ley aún otorga a la clase política frente al ciudadano común. Mientras los coacusados por la presunta simulación de secuestro arriesgan tres lustros tras las rejas, la alcaldesa se ampara en un blindaje legal que reduce su castigo a simple trabajo comunitario, alimentando la percepción de una justicia selectiva en el Estado de México. La encendida defensa de la edil, quien acusa una conspiración orquestada desde la Secretaría General de Gobierno, traslada el pleito penal al terreno del golpeteo político de cara al cierre de su administración. Sin embargo, más allá de la narrativa de persecución, la sobrevivencia política y jurídica de Nápoles Pacheco dependerá de las auditorías del OSFEM, pues el presunto desfalco de 40 millones de pesos es el único factor capaz de tumbar su inmunidad y llevarla a prisión.
Las declaraciones de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense, buscan blindar la credibilidad del Legislativo bajo la promesa de una transparencia absoluta frente a los escándalos que sacuden a Tenancingo y Metepec. Sin embargo, al asegurar que "no habrá protección para nadie" mientras admite que aún no existen solicitudes formales para proceder contra los ediles, la morenista camina por la delgada línea de la cautela institucional. La verdadera prueba para la 62 Legislatura no estará en el apego discursivo al debido proceso, sino en su voluntad política para activar figuras como la revocación de mandato si el Ejecutivo estatal decide enviar las solicitudes. En un estado históricamente marcado por el encubrimiento y los pactos de impunidad, la ciudadanía no se conformará con el desmentido de rumores en redes sociales, sino con una fiscalización real y sin tintes partidistas que demuestre que el Poder Legislativo no es, una vez más, una oficialía de partes de las complicidades municipales.
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