La acumulación de investigaciones y bajas en la Guardia Municipal de Naucalpan expone la profundidad de la crisis de confianza que arrastra una de las corporaciones más cuestionadas del Estado de México. Si bien la actuación de la Policía Ética y la detención de agentes extorsionadores muestran cierta voluntad de saneamiento interno, la cifra de bajas revela que las malas prácticas han sido una constante sistemática más que una suma de hechos aislados. Con apenas cuatro de cada diez ciudadanos reconociendo efectividad en su policía local, la depuración de las filas resulta apremiante pero insuficiente si no viene acompañada de controles verdaderamente rigurosos en la formación y fiscalización de los mandos. Naucalpan no puede limitar su estrategia anticorrupción al castigo posterior al delito; devolver la credibilidad a la uniformada exige erradicar el cobro de cuotas y las redes de complicidad desde su raíz institucional.
El balance presentado por Delfina Gómez a la mitad de su sexenio refleja una ambiciosa cartera de proyectos carreteros, hospitalarios y de movilidad que promete saldar viejas deudas históricas con el norte y el Valle de Toluca. Sin embargo, el verdadero reto de esta segunda etapa no radicará en el anuncio de obras concluidas o promesas de infraestructura, sino en la capacidad real de su administración para concretar la reapertura de hospitales abandonados y dar mantenimiento duradero a una red vial profundamente deteriorada. Tras cuatro informes regionales impregnados de un marcado discurso social y territorial, la ciudadanía mexiquense espera que los compromisos asumidos en San Felipe del Progreso no queden entrampados en la burocracia ni en el ritmo pausado del presupuesto estatal. En una entidad golpeada por la marginación rural y las carencias en salud, el éxito del gobierno mexiquense se medirá en obras plenamente operativas y no en el mero recuento de sus primeras piedras.
La defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la supuesta rentabilidad y autonomía de las empresas públicas choca frontalmente con los reportes financieros del propio gobierno. Sostener que no requieren apoyo presupuestario omite que proyectos como el Tren Maya o Mexicana de Aviación operan con abultados déficits: la aerolínea estatal reconoce que dependerá del erario hasta 2030 para equilibrar sus costos, mientras que el ferrocarril ha demandado miles de millones de pesos en subsidios para sostener su operación ante severas pérdidas. Proyectar estabilidad financiera mientras el Estado absorbe las pérdidas y financia la infraestructura con recursos públicos no refleja eficiencia empresarial, sino una costosa simulación contable. Maquillar la viabilidad de estas obras insignia atenta contra la transparencia presupuestaria y convierte el optimismo triunfalista del Ejecutivo en un riesgo significativo para la salud de las finanzas públicas.
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