La situación en el Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa refleja la urgente necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. Que se hayan retirado 32.4 millones de pesos de sus cuentas, aunque luego recuperados, debe aclararse con prontitud y claridad para mantener la confianza ciudadana. El llamado del Comité de Participación Ciudadana a que el Órgano Interno de Control informe sobre las investigaciones no sólo es pertinente, sino fundamental para evitar impunidad y garantizar que los responsables, si los hay, enfrenten las consecuencias. Además, este caso debe servir como un recordatorio para que la ciudadanía mantenga una actitud vigilante y denuncie cualquier irregularidad, promoviendo así una cultura de legalidad que fortalezca nuestro sistema anticorrupción. La presunción de inocencia es clave, pero también lo es el compromiso con la transparencia, la ética y la justicia en el manejo de recursos públicos.

Transparencia en transición

La decisión de extinguir el Infoem y el costo estimado de 60 millones de pesos en liquidaciones, como señaló Francisco Vázquez Rodríguez, refleja un proceso complejo que no solo impacta a los trabajadores, sino también a la transparencia en el Estado de México. Aunque la nueva ley debe entrar en vigor en 2026, es crucial que, mientras tanto, todas las entidades públicas mantengan su compromiso con la apertura y el acceso a la información, para evitar retrocesos que afecten a la ciudadanía. Vázquez Rodríguez tiene razón al enfatizar que la prioridad debe ser garantizar los derechos laborales y, al mismo tiempo, preservar las funciones esenciales del órgano autónomo, pues la transparencia y la protección de datos no pueden quedar en segundo plano durante este proceso de transición.

Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política / Foto: Alejandro Vargas
Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política / Foto: Alejandro Vargas

Retraso en abasto de gasolina

El desabasto de combustible en municipios del sur del Estado de México evidencia la fragilidad en la logística de distribución, que afecta directamente a la población. Aunque la reubicación de terminales sea una medida operativa, es fundamental que las autoridades y empresas involucradas optimicen los tiempos de entrega para evitar la escasez y el desabasto prolongado. Además, es importante que la ciudadanía evite compras de pánico y reventas, ya que solo agravan la situación. Una mejor planificación y comunicación pueden minimizar estos impactos y garantizar un suministro más estable para la región.

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