La afirmación del alcalde Daniel Serrano de que no existe indicio alguno que vincule a corporaciones policiales con la desaparición de Jeshua Cisneros busca acotar responsabilidades en un caso que, no obstante, permanece abierto y sin respuestas concluyentes; en contextos de desaparición, la revisión de videos, los operativos y la coordinación interinstitucional resultan indispensables, pero no sustituyen la obligación de mantener todas las líneas de investigación activas y transparentes, pues mientras no se conozca el paradero del joven, el peso de la exigencia pública seguirá recayendo sobre las autoridades encargadas de garantizar verdad, búsqueda efectiva y rendición de cuentas.
El desafío de la ciudad esponja
La apuesta de Atizapán de Zaragoza por rehabilitar parques lineales y zonas verdes bajo el concepto de "ciudad esponja" apunta en la dirección correcta en un contexto urbano marcado por el crecimiento desordenado y la presión ambiental. Recuperar espacios públicos, renaturalizar áreas degradadas y restablecer conexiones hidroecológicas no solo mejora la imagen urbana, sino que atiende problemas de fondo como la gestión del agua y la convivencia comunitaria. Sin embargo, el reto de esta estrategia no está en el arranque de las obras, sino en su continuidad, mantenimiento y evaluación a largo plazo; solo con intervenciones bien ejecutadas, transparentes y sostenidas en el tiempo, la infraestructura verde podrá traducirse en beneficios ambientales reales y duraderos para la población.
Las grietas del sistema
La fuga de un interno sentenciado a 60 años de prisión por secuestro exprés en el penal de Tenancingo vuelve a evidenciar fallas en el sistema penitenciario del Estado de México y coloca la atención sobre la Secretaría de Seguridad que encabeza Cristóbal Castañeda Camarillo; aunque el funcionario ha informado sobre investigaciones y revisiones internas, el hecho deja preguntas abiertas sobre la vigilancia y el control en los centros de reclusión, más aún en un escenario de sobrepoblación, donde cada escape no solo representa un problema administrativo, sino un golpe a la confianza ciudadana y un riesgo que el Estado está obligado a atender con resultados claros.
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