La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezaron el inicio de las obras para reconstruir los puentes vehiculares de Periférico Oriente, una infraestructura clave en la conexión entre ambas entidades, dañada por los sismos de 2017 y 2021. Con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, este proyecto representa más que una mejora vial: es una muestra de coordinación metropolitana que responde a una deuda histórica con millones de habitantes del oriente del Valle de México. En un contexto donde el abandono institucional ha sido la constante, la apuesta por la conectividad es también una apuesta por la equidad territorial. Durante el evento, ambas mandatarias subrayaron el valor simbólico y social de la obra. La reconstrucción de estos puentes no solo representa una mejora en infraestructura, sino un paso hacia una integración urbana más justa y funcional.
Sin línea
La diputada Ruth Salinas Reyes, presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la 62 Legislatura mexiquense, subrayó con firmeza que el proceso de designación de la próxima titular o titular de la CODHEM se mantiene libre de injerencias externas. Su declaración es significativa en un contexto donde históricamente se ha cuestionado la autonomía de decisiones legislativas clave. Al asegurar que “no he recibido bajo ninguna circunstancia alguna llamada de instrucción”, Salinas Reyes intenta blindar el proceso frente a suspicacias de imposiciones políticas o cuotas partidistas. La legitimidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México depende, en buena medida, de que quien la encabece goce de independencia real. El mensaje de Salinas Reyes no sólo pretende calmar inquietudes, también marca una pauta clara de que el respeto a la autonomía legislativa es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Transitan sin concesión
El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, reconoció que al menos 250 mil unidades del transporte público operan sin concesión en el Estado de México, lo que revela una preocupante tolerancia institucional frente a la ilegalidad. A dos años del inicio de la actual administración, la Secretaría de Movilidad no ha logrado implementar un sistema para regularizar a estos vehículos, lo que evidencia una grave omisión administrativa. Mientras tanto, el servicio continúa bajo un acuerdo institucional que, en los hechos, legítima la operación irregular y perpetúa el desorden en uno de los sectores más críticos para la movilidad urbana. Esta situación no sólo vulnera el estado de derecho, también pone en riesgo la seguridad de millones de usuarios que diariamente utilizan estos medios de transporte. La regularización no puede seguir postergándose.
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