La Operación Restitución evidencia que, cuando las instituciones trabajan coordinadas, sí es posible enfrentar con eficacia un delito tan invasivo y normalizado como el despojo. Asegurar más de mil inmuebles y devolver 695 propiedades a sus dueños legítimos no sólo representa una acción jurídica, sino una reparación moral para familias que fueron vulneradas en lo más básico: su patrimonio. Que los Ministerios Públicos agilicen restituciones sin obligar a las víctimas a esperar un fallo judicial es un paso decisivo hacia un Estado que protege, no que posterga. Sin embargo, estos resultados también exhiben la profundidad del problema; cientos de casos acumulados durante años muestran que la recuperación del territorio exige continuidad, vigilancia y una política firme que cierre la puerta a invasores, especuladores y redes delictivas que lucran con el despojo.
La fiscalización sólo cobra sentido cuando se traduce en consecuencias, y el anuncio de Liliana Dávalos Ham sobre los expedientes que serán turnados a la Unidad de Investigación confirma que el OSFEM busca romper con la simulación histórica en torno al uso de los recursos públicos. Que las inconsistencias detectadas en las cuentas públicas avancen hacia una revisión profunda es un paso indispensable para desmontar malas prácticas que suelen diluirse entre trámites y justificaciones. El reto ahora es que ese cúmulo de pruebas no termine archivado, sino que sirva para establecer responsabilidades claras, sean graves o no, y enviar un mensaje contundente: la rendición de cuentas no puede ser un acto protocolario, sino una obligación permanente para garantizar que el dinero público se ejerce con transparencia y sin excepciones.
La entrega de tractores y drones agrícolas realizada por la gobernadora Delfina Gómez refleja una apuesta clara por modernizar el campo mexiquense mediante herramientas que pueden mejorar la productividad y reducir costos para las y los productores. Si bien estos apoyos representan un avance en la tecnificación rural, el reto será garantizar que su uso esté acompañado de capacitación continua, seguimiento técnico y una distribución equitativa que responda realmente a las necesidades de cada región. La coordinación entre municipios y estado, así como los programas que se han impulsado para atender siniestros climáticos, fortalecer la producción y mejorar servicios en comunidades rurales, muestran una ruta de trabajo que puede ser útil si mantiene transparencia y resultados medibles. Lo fundamental será que estas acciones no se queden solo en entregas públicas, sino que se conviertan en una política sostenida que consolide un campo más competitivo y con mejores oportunidades para sus productores.
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