La amnistía concedida a Tomás "N" a partir del pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no puede leerse como un simple acto de clemencia, sino como una corrección institucional frente a un proceso marcado por barreras estructurales: la ausencia de intérprete, la falta de una defensa culturalmente pertinente y la condición de vulnerabilidad de un indígena otomí que enfrentó al sistema penal sin igualdad real de armas. Que el Poder Judicial del Estado de México haya avalado el beneficio, con el respaldo de la Sala de Asuntos Indígenas, envía un mensaje relevante sobre la obligación de juzgar con perspectiva intercultural y de derechos humanos; sin embargo, también obliga a preguntarse cuántos casos similares permanecen invisibles. La estadística de 27 pronunciamientos y 21 libertades muestra que la Ley de Amnistía puede ser un instrumento eficaz para reparar fallas del debido. Más que celebrar cifras, el reto es garantizar que ningún integrante de pueblos originarios vuelva a enfrentar una sentencia sin comprensión plena de su lengua, su cultura y sus derechos.
La campaña "Mi parcela no se quema" llega en un momento en que el campo mexiquense enfrenta el doble desafío de producir más y contaminar menos. La decisión de la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, de ampliar la capacitación a 85 municipios no sólo apunta a modificar una práctica tradicional como la quema de rastrojo, sino a desmontar una inercia que ha impactado la fertilidad del suelo y contribuido a los incendios forestales. Los datos son claros: una parte significativa de los siniestros tiene origen en actividades agropecuarias mal controladas. Apostar por alternativas técnicas y por el cumplimiento de la Norma 015 es, en el fondo, apostar por un modelo de desarrollo rural más responsable. El reto, como siempre, será que la pedagogía pública se traduzca en cambios medibles en las parcelas y no quede en una buena intención más que se disipe con el humo de la siguiente temporada de quemas.
Las 87 sanciones firmes reportadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México envían una señal relevante en materia de rendición de cuentas, sobre todo cuando la mayoría obedecen a abuso de funciones y desvío de recursos. La titular, Liliana Dávalos Ham, afirma que la confianza se construye con resultados, y el registro de sanciones y su seguimiento ante instancias administrativas es un avance tangible. No obstante, el verdadero impacto se medirá en la capacidad de estas acciones para inhibir nuevas irregularidades y fortalecer los controles en municipios y dependencias. Fiscalizar no sólo implica sancionar, sino prevenir que el poder público vuelva a ejercerse sin límites claros.
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