La Universidad Autónoma del Estado de México vive un momento crítico. Las cinco aspirantes a la Rectoría para el periodo 2025-2029, que no son Eréndira Fierro, han hecho público un exhorto en el que denuncian un proceso electoral injusto, inequitativo y carente de transparencia. Acusan que una “persona” ha violado reiteradamente la normatividad y que la omisión de la Comisión Especial Electoral ha provocado desconfianza en la comunidad. En paralelo, el movimiento estudiantil continúa creciendo: hoy se sumó al paro la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dejando claro que la inconformidad no es aislada ni menor. La falta de respuesta institucional sólo abona a un clima de tensión que pone en entredicho la legitimidad del proceso sucesorio. Frente a esta situación, la diputada independiente Paola Jiménez pidió al rector Carlos Eduardo Barrera Díaz y al Consejo Universitario a no permitir que el proceso de renovación de la Rectoría sea deslegitimado. No es necesario… ya lo está.
Falla en el sistema penitenciario
La muerte de una mujer privada de la libertad en un penal del Estado de México, presuntamente por negligencia médica, expone una vez más las graves fallas estructurales en el sistema penitenciario mexiquense. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presidida por Myrna García Morón, emitió su primera recomendación del año en la que señala violaciones al derecho a la salud, particularmente en contextos de reclusión, donde la vida y la dignidad dependen enteramente del Estado. La Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Control Penitenciario han sido directamente señaladas como responsables de no garantizar condiciones mínimas de atención médica, lo que derivó en una tragedia que pudo haberse evitado. La omisión institucional cuesta vidas y, en este caso, también perpetúa una doble vulnerabilidad: ser mujer y estar privada de la libertad. La administración estatal está obligada no solo a aceptar la recomendación, sino a emprender cambios reales en los protocolos de salud dentro de los penales.
Empresarios a favor
La decisión de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México de endurecer los controles sobre los verificentros es, en principio, una medida necesaria ante la urgencia ambiental que enfrenta la entidad. Sin embargo, su implementación debe regirse por la transparencia, sin caer en generalizaciones que pongan en entredicho a todo un sector. Jesús Trigos Rodríguez, expresidente de la Asociación de Verificentros del Estado de México, lo ha dicho con claridad: los centros operan con equipos certificados y bajo estricta regulación. Si hay irregularidades, deben investigarse con rigor, pero sin convertir la vigilancia en una cacería mediática. La colaboración del sector empresarial con los nuevos lineamientos es una oportunidad para depurar malas prácticas y fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de verificación vehicular. Pero también es una prueba para la autoridad: si los operativos se usan como herramienta de presión o protagonismo político, el resultado será contraproducente.
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