La eliminación de la prisión vitalicia en el Estado de México reabre un debate de fondo sobre el sentido de la justicia penal en un país marcado por la violencia. Lejos de interpretarse como un acto de indulgencia, la decisión apunta a alinear la legislación con criterios constitucionales que privilegian la reinserción social sobre el castigo perpetuo. Mantener penas de hasta 70 años para delitos de alto impacto confirma que no hay debilitamiento frente al crimen, sino un ajuste jurídico necesario. El reto, sin embargo, será que este cambio no se perciba como distancia frente a las víctimas. Porque en materia penal, el equilibrio entre justicia, legalidad y sensibilidad social sigue siendo una línea difícil de sostener.

Cutzamala bajo control... por ahora

La previsión de una ligera disminución en el caudal del Sistema Cutzamala no necesariamente anticipa una crisis, pero sí obliga a mantener la cautela. Como ha señalado Citlalli Peraza Camacho, los niveles actuales permiten proyectar estabilidad en el abasto durante los próximos dos años, un respiro frente a episodios recientes de escasez. Sin embargo, la dependencia de lluvias intensas y cada vez más irregulares mantiene abierto un margen de incertidumbre. El reto no es sólo administrar lo disponible, sino fortalecer estrategias de uso eficiente y prevención. Porque en materia hídrica, la confianza técnica debe ir acompañada de una gestión sostenida y responsable.

Citlalli Peraza Camacho. Foto Especial
Citlalli Peraza Camacho. Foto Especial

Inclusión no es trámite administrativo

La resolución del TEEM pone sobre la mesa un principio básico que no siempre se respeta: la inclusión no puede quedar en trámites administrativos ni en interpretaciones limitadas. Al ordenar al Consejo General del IEEM responder de fondo a una solicitud sobre acciones afirmativas para personas con espectro autista, se refuerza la obligación de garantizar derechos político-electorales sin excepciones. El fallo también exhibe la importancia de que cada instancia actúe dentro de sus atribuciones, evitando diluir responsabilidades. Más allá del caso, el mensaje es claro: la participación debe ser verdaderamente accesible. Porque la democracia se mide, también, por a quiénes logra incluir.

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