La transferencia de las plataformas de transparencia del Infoem a la Agencia Digital abre un periodo delicado para el derecho de acceso a la información en el Estado de México, pues no se trata solo de mover sistemas, sino de garantizar continuidad, certeza y autonomía en su operación. Las cifras muestran que SAIMEX, SARCOEM e IPOMEX son herramientas activas y ampliamente utilizadas por la ciudadanía, especialmente para vigilar a los municipios, por lo que cualquier vacío normativo o administrativo tendría un impacto directo en la rendición de cuentas. En este contexto, el compromiso expresado por Francisco Vázquez Rodríguez de acelerar las leyes secundarias resulta clave, pero también insuficiente si no se acompaña de reglas claras, capacidades técnicas y controles que eviten retrocesos. La desaparición del Infoem no puede traducirse en una transparencia debilitada ni subordinada, sino en un modelo que preserve el derecho ciudadano más allá de la reingeniería institucional.
Crisis hídrica
La crisis de agua en Ecatepec dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una emergencia social que ya escala al ámbito judicial, y las cifras expuestas por Miriam Silva Mata lo confirman con crudeza: más de la mitad de la población vive con un abasto insuficiente. Que cientos de familias hayan tenido que recurrir a amparos y que la Suprema Corte atraiga el caso evidencia la incapacidad del gobierno municipal para garantizar un derecho humano básico. Más allá del litigio, el fondo del problema es la ausencia de una política hídrica integral, con diagnóstico, inversión y voluntad política, porque el acceso al agua no puede depender de resoluciones judiciales ni de la presión ciudadana, sino de una gestión pública responsable y eficaz.
Ajuste censal golpeó finanzas estatales
La pérdida de alrededor de cinco mil millones de pesos por el ajuste poblacional del Censo 2020 exhibe una vulnerabilidad estructural en las finanzas del Estado de México, donde decisiones técnicas tienen consecuencias políticas y sociales de gran calado. El esfuerzo que hoy encabeza Óscar Flores Jiménez para recuperar esos recursos es necesario, pero también pone sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de defensa presupuestal de la entidad frente a la Federación. Más allá del litigio ya fallido y de las gestiones actuales, el fondo del problema es que una diferencia censal no puede traducirse automáticamente en menos recursos para millones de mexiquenses, pues el impacto recae en servicios, infraestructura y programas públicos. El reto será lograr que el nuevo censo refleje con precisión la realidad poblacional y, al mismo tiempo, garantizar que la planeación financiera del estado no vuelva a quedar sujeta a un solo indicador.
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