La impugnación de 80 bandos municipales en el Estado de México por parte de la CODHEM, encabezada por Víctor Leopoldo Delgado Pérez, pone en evidencia un problema de fondo en la regulación local: el uso discrecional del poder y la fragilidad del principio de legalidad. Lejos de ser ajustes menores, los hallazgos revelan excesos como multas desproporcionadas, sanciones sin criterios claros e invasión de competencias penales. Este escenario no sólo genera incertidumbre jurídica, sino que abre la puerta a violaciones de derechos fundamentales, particularmente en sectores vulnerables. Resulta preocupante que, en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, persistan normas que contravienen criterios constitucionales ya establecidos. La revisión, más que correctiva, debería ser el punto de partida para replantear el alcance y responsabilidad de los ayuntamientos.

Víctor Leopoldo Delgado Pérez. Foto Especial

Datos para cerrar la brecha

La apuesta por estadísticas con perspectiva de género, impulsada desde la UAEMéx junto con el INEGI y el IEEM, confirma que sin datos precisos la igualdad sustantiva seguirá siendo más discurso que realidad. Las cifras expuestas por Graciela Márquez Colín evidencian brechas persistentes en participación laboral, ingresos y cargas de cuidado que no pueden ignorarse en el diseño de políticas públicas. En ese sentido, el llamado de Martha Patricia Zarza Delgado a fortalecer el uso de información resulta pertinente, pero también exige pasar del diagnóstico a la acción. La academia y las instituciones tienen la responsabilidad de convertir los datos en decisiones concretas que reduzcan desigualdades. De lo contrario, las estadísticas seguirán documentando, año con año, la misma deuda histórica con las mujeres.

Martha Patricia Zarza Delgado. Foto Alejandro Vargas / El Universal

Inversión y responsabilidad pública

La inversión de 455 millones de dólares anunciada en el Estado de México refleja un voto de confianza empresarial que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez no puede desaprovechar en términos de desarrollo equilibrado. Si bien el arribo de capital de una firma global como Nestlé fortalece la vocación industrial y genera expectativas de empleo, el reto radica en traducir estos anuncios en beneficios tangibles y sostenibles para la población. La narrativa de transformación exige no sólo atraer inversión, sino garantizar que ésta impacte en mejores condiciones laborales y cadenas productivas locales. En ese sentido, la coordinación institucional presume avances, pero también obliga a rendir resultados medibles. De lo contrario, el discurso económico corre el riesgo de quedarse en cifras prometedoras sin efecto real en la vida cotidiana.

Delfina Gómez Álvarez. Foto Especial

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