Gran acierto el avance del proyecto hídrico en el humedal de El Caracol, una iniciativa impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros que no solo rescata la memoria histórica de Ecatepec, sino que siembra las bases para el parque ecológico más grande del Valle de México. La recuperación de estas primeras 123.8 hectáreas inundadas representa una bocanada de aire fresco y un verdadero oasis para miles de aves migratorias que, junto a la flora endémica, comienzan a repoblar un espacio que por décadas sufrió el abandono y la degradación. Es de celebrarse la visión coordinada entre los tres niveles de gobierno para transformar este antiguo vaso regulador en un pulmón verde sustentable que, mediante un proceso de depuración natural y completamente ecológico, generará oxígeno y recargará los mantos freáticos en beneficio directo de millones de personas. Este esfuerzo por devolver el agua y la naturaleza al pueblo demuestra que con voluntad política, orden institucional y sensibilidad ambiental es posible regenerar el tejido social y regalarle un futuro más limpio, armónico y digno a las próximas generaciones mexiquenses.
La reiterada inundación en la colonia Valle de las Flores pone al descubierto la preocupante negligencia operativa de Aleatica en el Circuito Exterior Mexiquense, cuya falta de mantenimiento preventivo y desazolve ya cobró factura en el patrimonio de decenas de familias de Cuautitlán Izcalli. Resulta inadmisible que la concesionaria actúe bajo la presión de bloqueos viales y mesas de urgencia, ignorando acuerdos críticos como la instalación de un generador eléctrico automático y arrastrando un adeudo de infraestructura de quince años con la construcción del colector Hidalgo. Si bien la empresa busca diluir su responsabilidad argumentando que la problemática hidráulica rebasa el ámbito de la autopista, la realidad es que su omisión fustiga directamente a la comunidad ante la llegada de las lluvias. El firme posicionamiento del alcalde Daniel Serrano al exigir el cumplimiento de los compromisos e incluir una comisión vecinal en las futuras mesas de trabajo es un paso necesario para auditar a un privado que genera millonarias ganancias, pero escatima en la seguridad hídrica de su entorno. Evitar que el cárcamo local se convierta en un foco permanente de contingencia social y ambiental requerirá que el gobierno del Estado de México aplique mano dura y obligue a la operadora a asumir, de una vez por todas, los costos reales de su concesión.
La entrada en vigor de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal representa un hito normativo de la 62 Legislatura que dota al Estado de México de herramientas punitivas y de control inéditas para erradicar el maltrato hacia los seres sintientes. El nuevo ordenamiento, reforzado con reformas al Código Penal que imponen hasta seis años de prisión por crueldad, acierta al crear el Registro Único de Animales de Compañía y la figura del Visor de Bienestar bajo la tutela de la CEPANAF, estructurando una vigilancia institucional indispensable. Sin embargo, el verdadero desafío de este ambicioso marco legal —que también proyecta un fondo financiero y un consejo ciudadano— radicará en la capacidad operativa de los municipios para homologar sus reglamentos en los 180 días hábiles concedidos. Asimismo, la exclusión de espectáculos polémicos como las corridas de toros y peleas de gallos deja un sabor agridulce en la opinión pública, evidenciando los linderos políticos de una legislación que, aún con contradicciones, da un paso firme hacia la justicia social. El éxito de esta ley no se medirá por la rigidez de sus 124 artículos en el papel, sino por la eficacia real.
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