El reciente anuncio de la Secretaría del Trabajo del Estado de México representa un paso importante en la atención a quienes han perdido su empleo formal. Con una inversión superior a los 150 millones de pesos, el programa contempla 17 mil apoyos de hasta tres mil pesos mensuales, distribuidos por un máximo de cinco meses. El secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, detalló que esta medida está dirigida específicamente a personas que cotizaban en el IMSS, lo que garantiza que los beneficiarios provienen del sector formal. Este esfuerzo por mitigar el impacto del desempleo formal es relevante, pero también pone en evidencia la necesidad de construir políticas de empleo más sostenidas, que no solo atiendan la emergencia sino que apuesten por la reinserción laboral. El reto mayor sigue siendo reducir la informalidad y generar condiciones laborales estables para una mayoría que aún carece de seguridad social.
Riesgo de perder un semestre
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Patricia Zarza, ha optado por agotar todas las vías de diálogo con los estudiantes, en un intento por reconstruir la vida universitaria tras meses de conflicto. Su disposición al entendimiento es un gesto necesario en un contexto donde la comunidad universitaria sigue fracturada. Sin embargo, su postura también incluye un mensaje firme: existe un plan alternativo si el paro continúa más allá del 18 de agosto, lo que evidencia que la rectoría no permitirá que el semestre se diluya en la indefinición. El equilibrio entre apertura y autoridad será clave en este momento de transición. Patricia Zarza ha advertido que si los estudiantes no regresan a clases, ni de manera presencial ni en formato digital, existe el riesgo real de que el semestre se pierda. El mensaje es claro: la universidad está dispuesta a escuchar, pero también a actuar con responsabilidad institucional frente a quienes, sin disposición al acuerdo, prolonguen una parálisis que ya ha afectado a miles de jóvenes.
Contra asentamientos irregulares
El diputado Valentín Martínez Castillo, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos en la 62 Legislatura local, advirtió sobre la necesidad de una nueva ley que regule con eficacia estas ocupaciones irregulares y establezca mecanismos claros para sancionar tanto a servidores públicos negligentes como a particulares que habiten en zonas de peligro. El llamado pone en el centro del debate la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía. En una entidad donde los desastres naturales exponen cada año la vulnerabilidad de miles de personas asentadas en áreas críticas, resulta fundamental actualizar la legislación para prevenir tragedias y garantizar una gestión integral del riesgo. Sin un marco legal firme, continuará la omisión institucional y la tolerancia a prácticas que ponen en riesgo vidas humanas.
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