La aprobación unánime de la iniciativa de Delfina Gómez Álvarez para sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia marca un avance firme hacia una justicia más sensible y efectiva en el Estado de México. Reconocer que un solo acto basta para configurar este delito es una medida que protege verdaderamente a las víctimas y rompe con años de indiferencia institucional. Hasta ahora, la exigencia de que el acoso fuera “reiterado” convertía la denuncia en una carrera de resistencia, obligando a soportar agresiones adicionales para que el Estado actuara. Con esta reforma, se envía un mensaje contundente: ninguna forma de violencia sexual será minimizada o tolerada. El reto no termina con la reforma legal. Hará falta garantizar su correcta aplicación, capacitar a las autoridades y erradicar prácticas de revictimización que aún persisten en muchas instituciones. Si se cumple con rigor, esta iniciativa puede convertirse en un punto de inflexión para un Estado de México más seguro, más justo y más respetuoso con las mujeres y las víctimas de violencia sexual.
La aprobación de la iniciativa del PAN para sancionar con hasta 15 años de prisión el matrimonio infantil es un paso decisivo en la defensa de los derechos de la niñez mexiquense. El Congreso reconoce así que ninguna tradición ni condición económica puede justificar el abuso de menores ni el robo de su infancia. Sin embargo, más allá del castigo, el reto está en la prevención: combatir las causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de educación. Solo con políticas públicas integrales y sostenidas se podrá garantizar que las niñas y niños del Estado de México crezcan con libertad, oportunidades y un futuro digno.
La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, ha manejado con claridad y responsabilidad la situación derivada del desabasto temporal de gas LP en algunas zonas del Estado de México. Su explicación sobre los ajustes en los protocolos de seguridad tras la explosión en el Puente de la Concordia deja ver que el objetivo principal es prevenir nuevos riesgos y garantizar que la distribución del combustible se realice bajo estándares más estrictos. Aunque los retrasos afectan la rutina de miles de familias, fortalecer la trazabilidad y el cumplimiento de la normatividad es una medida necesaria para proteger vidas y dar certeza al consumidor. Sin embargo, esta situación también pone en evidencia la vulnerabilidad de la cadena de suministro y la alta dependencia de los procesos logísticos de PEMEX. Las medidas de seguridad no deben traducirse en un desabasto prolongado, por lo que la coordinación entre autoridades, empresas distribuidoras y la paraestatal resulta fundamental.