Con la toma de protesta de cinco mil defensores ambientales y una base de 150 mil afiliados, el Partido Verde en el Estado de México demuestra una maquinaria territorial afinada rumbo a los comicios de 2027. Bajo el liderazgo de José Couttolenc y el respaldo de figuras como Manuel Velasco, Arturo Escobar y Eruviel Ávila, el partido busca consolidar su posición como segunda fuerza electoral mexiquense. Esta ambiciosa estrategia de campo, que recorrerá los 125 municipios mediante consultas y células vecinales, evidencia un pragmatismo político que apuesta por la cercanía social y la identidad propia. Asimismo, la ratificación del apoyo institucional hacia la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum confirma la alineación estratégica del partido con la autodenominada Cuarta Transformación. No obstante el peso de sus operadores políticos, la estructura verde capitaliza su rentabilidad con la meta clara de superar los 750 mil votos en la próxima contienda. Así, el PVEM mexiquense transita con firmeza para convertirse en un factor de peso indispensable en la reconfiguración del tablero político local.
La extinción de los órganos autónomos en el Estado de México deja al descubierto una estela de incertidumbre laboral que hoy lastima a 145 trabajadores del extinto Infoem en espera de su liquidación. A pesar de las promesas oficiales de garantizar un pago justo por encima de la ley, la falta de fechas certeras por parte de la Secretaría de Finanzas genera un desgaste inaceptable. Resulta acertado el llamado de su ex titular, José Martínez Vilchis, para priorizar los derechos de la base trabajadora antes que cualquier otra prerrogativa. La transición hacia Transparencia Mexiquense no puede ni debe construirse sobre la zozobra de quienes han sostenido la rendición de cuentas. Si bien se han reintegrado recursos y asegurado presupuestos, la verdadera prueba de eficacia radica en la sensibilidad humana al finiquitar al personal. Las autoridades estatales tienen la obligación ineludible de agilizar este proceso para evitar que la reestructuración se convierta en una injusticia laboral.
La anunciada reforma al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) representa una oportunidad imperativa para dotar de eficacia real a la rendición de cuentas en la entidad. Al pretender ampliar los plazos de revisión y solvación, el organismo reconoce una saturación operativa que históricamente ha limitado su capacidad fiscalizadora. Es por demás pertinente el llamado de su titular, Liliana Dávalos, al Tribunal de Justicia Administrativa para unificar criterios y evitar que los vacíos legales prolonguen la impunidad. La migración hacia expedientes electrónicos y la entrega de cortes actualizados de presunta responsabilidad administrativa apuntan hacia una modernización largamente postergada. Sin embargo, el éxito de esta transformación jurídica no dependerá sólo de más días en el calendario, sino de la coordinación efectiva entre instituciones. La ciudadanía mexiquense exige resultados contundentes donde la fiscalización deje de ser un trámite burocrático y se convierta en un auténtico freno a la opacidad.
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