Las madres buscadoras han vuelto a evidenciar una realidad incómoda: mientras las instituciones avanzan con lentitud, son las familias quienes terminan realizando el trabajo de búsqueda en condiciones adversas y con recursos propios. La denuncia de falta de personal, retrasos en las diligencias y obstáculos burocráticos refleja una crisis que no puede normalizarse. Cada ficha de búsqueda representa una historia pendiente y una familia que exige respuestas. Frente a más de 14 mil reportes acumulados en dos décadas, el reto para las autoridades no es sólo atender la emergencia, sino recuperar la confianza de quienes hoy sienten que buscan solos a sus seres queridos.
Escuchar a niñas, niños y adolescentes en la construcción de políticas públicas es un paso necesario para enfrentar problemáticas que afectan directamente su desarrollo y bienestar. El llamado del secretario Norberto Morales Poblete a diferenciar las responsabilidades colaborativas dentro del hogar de las actividades laborales que ponen en riesgo a las infancias resulta pertinente en un contexto donde miles de menores aún enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Que las autoridades abran espacios para conocer las opiniones de este sector de la población fortalece la toma de decisiones y permite visibilizar desafíos como el trabajo infantil, la salud mental y la violencia. Sin embargo, el verdadero reto será convertir los compromisos en acciones medibles y permanentes que garanticen educación, protección y oportunidades. La erradicación del trabajo infantil exige coordinación institucional, vigilancia y apoyo a las familias para que ningún menor tenga que renunciar a su derecho de estudiar, jugar y desarrollarse plenamente.
El avance de la Ley Mariana Lima representa un paso relevante en la lucha contra la impunidad que durante años ha rodeado los casos de violencia feminicida. La propuesta no solo busca garantizar que toda muerte violenta de mujeres sea investigada con perspectiva de género, sino también establecer responsabilidades para quienes, desde las instituciones, obstaculicen el acceso a la justicia. El caso de Mariana Lima se convirtió en un referente nacional al evidenciar las fallas de los sistemas de investigación y la persistencia de las familias en la búsqueda de verdad. Si el Estado de México concreto esta reforma, enviará un mensaje claro sobre la obligación de actuar con diligencia y sobre la necesidad de que las omisiones y negligencias de servidores públicos dejen de quedar impunes. La efectividad de la ley, sin embargo, dependerá de su correcta aplicación y de la voluntad institucional para hacerla cumplir.
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