En un momento donde la economía mexicana enfrenta desafíos de productividad, desigualdad y transición hacia modelos productivos sostenibles, la discusión alrededor de una Ley de Emprendimiento en el Congreso Federal representa una oportunidad histórica para reconfigurar cómo el país impulsa sus capacidades productivas, fomenta innovación y da espacio a nuevas soluciones asociadas al desarrollo económico.
El contexto no es menor. En México, más del 70% de los emprendimientos no supera los primeros dos años de operación, y sólo una fracción logra consolidarse y crecer de manera sostenida. No por falta de talento o ideas, sino por carencias estructurales: acceso limitado a financiamiento, poca articulación del ecosistema, escasa mentoría estratégica y un acompañamiento fragmentado. Emprender sigue siendo, para muchas personas, un camino de alto riesgo económico y personal.
Este escenario es particularmente relevante para el Estado de México, una de las entidades con mayor población, actividad económica e infraestructura industrial del país. A pesar de su enorme potencial productivo, el emprendimiento aún enfrenta barreras para escalar, integrarse a cadenas de valor y consolidarse como motor de desarrollo regional. Una Ley de Emprendimiento bien implementada podría convertirse en un catalizador clave para fortalecer la competitividad del estado, generar empleo formal y detonar innovación desde lo local hacia lo nacional.
Hoy más que nunca queda claro que emprender no es sólo poner un negocio al mercado, sino construir soluciones con impacto económico, social y ambiental que puedan sostener empleo, atraer inversión y generar resiliencia económica. En este contexto, la propuesta de Ley de Emprendimiento; que busca institucionalizar el apoyo a quienes inician o consolidan proyectos productivos tiene elementos valiosos; sin embargo, también plantea retos sustantivos que deben ser analizados para que realmente impulse el crecimiento económico nacional y regional.
Primero, es importante reconocer la intención del marco: profesionalizar el emprendimiento como política pública permanente, con mecanismos de formación, acceso a capital y vinculación con actores productivos. Este enfoque representa un avance frente a programas aislados o temporales que terminan diluyendo esfuerzos. Formalizar este apoyo desde la ley puede brindar certeza jurídica para emprendedores, inversionistas, universidades y centros de innovación interesados en generar proyectos de largo plazo, particularmente en estados con alto potencial económico como el Estado de México.
No obstante, una mirada crítica pero constructiva nos obliga a reconocer una realidad del ecosistema: sí existen diversas instancias de apoyo al emprendimiento, pero operan de forma dispersa, poco articulada y, en muchos casos, desconectadas de las necesidades reales del emprendedor. Esta fragmentación provoca que las personas inviertan más tiempo buscando apoyos, convocatorias o ingresos alternos, que enfocándose en hacer rentable su negocio desde el inicio.
Aquí es donde la ley puede marcar una diferencia real si apuesta por la articulación del ecosistema emprendedor. No se trata de crear más emprendimientos que no lleguen a su segundo o tercer año, sino de lograr más empresas establecidas, sostenidas y productivas. Para el Estado de México, esto implica conectar emprendimientos con empresas consolidadas, parques industriales, cadenas de suministro, cámaras empresariales y mercados reales, aprovechando la experiencia y capacidad instalada que ya existe en la entidad, donde está experiencia acumulada del sector productivo es un activo que hoy está subutilizado.
De igual forma, resulta indispensable fortalecer la conexión entre academia, sector gubernamental, industria, sistema financiero o fondos de inversión y cámaras empresariales. Un ecosistema fuerte no funciona en silos; requiere colaboración, información compartida y objetivos alineados. La ley puede convertirse en ese marco que facilite alianzas, reduzca duplicidades y genere rutas claras para el crecimiento empresarial regional.
Un segundo punto que merece atención es el diseño de instrumentos que no sólo forman y financian, sino que acompañan estratégicamente la toma de decisiones. Emprender debe reconocerse como una forma legítima de empleo. Si una persona emprendedora dedica la mayor parte de su tiempo a sobrevivir económicamente fuera de su proyecto, las probabilidades de éxito disminuyen. El verdadero impulso económico ocurre cuando se brindan herramientas para hacer rentable el negocio desde etapas tempranas, o para pivotear a tiempo cuando el modelo no funciona.
Esto nos lleva a un tercer aspecto relevante: la integración explícita de criterios de sostenibilidad y productividad de largo plazo. No puede haber crecimiento económico sólido sin empresas resilientes, eficientes en recursos y preparadas para los retos ambientales y sociales. El Estado de México, por su capacidad industrial, educativa y empresarial, tiene el potencial de liderar este enfoque como un referente nacional en emprendimiento sostenible e innovación productiva si la ley incorpora incentivos claros para modelos de negocio sostenibles.
Finalmente, cualquier marco legal moderno debe incorporar indicadores claros de éxito. No basta con contabilizar emprendimientos creados; es indispensable medir cuántos se consolidan, generan empleos formales, aportan valor agregado y permanecen en el mercado. Sin métricas claras, el emprendimiento corre el riesgo de seguir siendo visto como un esfuerzo individual, cuando en realidad es un motor estratégico de desarrollo económico.
La Ley de Emprendimiento puede convertirse en un instrumento clave para fortalecer la economía si logra articular talento, capital, conocimiento y experiencia en un mismo ecosistema. Apostar por emprendedores que logran sostener y escalar sus empresas no solo genera crecimiento: construye estabilidad, innovación y futuro para México.
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