El pasado 11 de agosto y con miras a la organización de las elecciones concurrentes de 2027, tuve la oportunidad de participar en el foro de análisis dedicado a evaluar los resultados de los procesos electorales extraordinarios del Poder Judicial 2025 en las entidades de Veracruz, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Sonora y San Luis Potosí, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
El foro se centró en las exposiciones de las diversas experiencias locales, respecto a la organización y ejecución de la elección del poder judicial. La Ciudad de México, por ejemplo, hizo hincapié en sus criterios en el diseño de su propuesta de distritación, donde se priorizó el equilibrio poblacional, acompañado de un criterio de distribución, que procuró que los capitalinos tuvieran la oportunidad de votar por jueces de todas las materias. En el caso del Estado de México, mi exposición se enfocó en señalar algunos de los elementos que dotaron al proceso de personas juzgadoras de una complejidad sin precedentes y que nos obligó a definir directrices sobre la marcha. Más allá de los desafíos técnicos y operativos, ambas experiencias, coincidimos en señalar el vacío en el diseño institucional respecto a una “representatividad ciudadana” ante las personas juzgadoras elegidas por voto popular. Un tema que, de acuerdo a las experiencias, está pendiente por discutir a profundidad.
En los casos de los estados de Veracruz y Durango se expusieron las estrategias diferenciadas para los mecanismos de recolección, así como los de escrutinio y cómputo de votos, de acuerdo con las particularidades de cada entidad federativa y en consideración a que fueron éstos, los dos únicos estados en los que además del poder judicial, se llevaron a cabo elecciones ordinarias. La importancia de estas presentaciones es incuestionable considerando que la elección de 2027 será concurrente y la elección de los cargos del Poder Judicial, en algunos casos será del 100% de los cargos y en otras entidades, no menor al 50%. Esta discusión hizo evidente el tema de la ubicación de las casillas para la emisión del voto de ambas elecciones, señalando la necesidad de hacer coincidir o ubicar casillas en espacios cercanos, especialmente en zonas rurales donde la accesibilidad es un desafío en la gran mayoría de los estados.
En las experiencias de San Luis Potosí y Sonora se dejó claro que todos los Organismos Públicos Locales (OPLEs) que organizaron elecciones judiciales cumplieron con los mecanismos de paridad de género. Sin embargo, persisten desafíos en la verificación de candidaturas. Mientras algunos OPLEs se limitaron a la revisión de la documentación básica, hubo casos como los de Sonora en los que sus atribuciones sí les permitieron tener mecanismos más rigurosos. Una de las coincidencias más evidentes fue el señalamiento de la falta de un sistema nacional para aplicar el procedimiento de revisión “8 de 8 contra la violencia”, esto debido a que, como la normativa se establece hoy en día, hay agresores impugnados en un estado que pueden competir en otro.
El intercambio de ideas, experiencias y, sobre todo, de desafíos comunes tuvo como resultado una serie de conclusiones enriquecedoras, las cuales podrían explicarse a partir de dos preguntas: ¿Qué desafíos revelaron estas experiencias? ¿Cómo prepararse para una elección concurrente que asegura ser aún más compleja que la de 2025? Las respuestas se centran, primero, en el trabajo fundamental que realizan los Institutos Electorales Locales. Instituciones que atienden una serie de desafíos geográficos, actividades técnicas, operativas y logísticas propias de cada entidad federativa. La segunda es la necesidad de iniciar los trabajos preparatorios hacia el 2027, lo que involucra desde hoy, una coordinación entre los OPLEs y los Congresos locales para articular una planificación presupuestal realista y anticipada que permita hacer frente a los desafíos de la elección de 2027.
Este tipo de intercambios, son una oportunidad invaluable para quienes tendremos frente a nosotros, en el 2027, una de las tareas más desafiantes de nuestra historia democrática contemporánea, llevar a cabo un proceso de elección de dimensiones inéditas, que no solo implica más derechos ciudadanos, sino también trabajo técnico, planificación y capacidad de adaptación de cada uno de los actores político-electorales.
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