Que las personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos puedan acceder a una candidatura es un paso indispensable, pero no suficiente para garantizar su llegada a un cargo de elección popular. Esa es una de las principales conclusiones del estudio sobre las acciones afirmativas en el Proceso Electoral Local 2024, elaborado por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México por encargo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Por primera vez, el Acuerdo IEEM/CG/132/2023 obligó a los partidos políticos a postular candidaturas de cuatro grupos: pueblos y comunidades indígenas, personas afromexiquenses, personas con discapacidad permanente y población LGBTTTIQ+.
El estudio sigue el recorrido de esa medida, desde el diseño de la norma hasta el ejercicio del cargo, y muestra que el reconocimiento avanzó, pero la representación efectiva se fue diluyendo en el camino. Destaco tres hallazgos.
El primero es alentador: de las 148 candidaturas propietarias, 67 personas resultaron electas, 62 en ayuntamientos y 5 en la LXII Legislatura local. Además, en los cargos municipales las candidaturas afirmativas ganaron en mayor proporción que las no afirmativas; en las presidencias municipales, ocho de 23 (34.8 por ciento) frente a 21.4 por ciento de las no afirmativas.
El segundo es que la posición asignada por partidos y coaliciones pesó más que el vínculo con el grupo: 54.7 por ciento de las candidaturas afirmativas no se tradujo en un cargo y, de las 62 personas electas en ayuntamientos, 54 triunfaron dentro de alguna de las dos grandes coaliciones —la encabezada por PVEM, PT y Morena y la integrada por PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Estado de México—. A ello se suma una huella territorial desigual: en 51 de los 125 municipios no hubo una sola candidatura afirmativa y solo en 43 municipios ganó al menos una persona de estas candidaturas.
El tercero es que el reconocimiento no equivale, todavía, a capacidad de decisión ni a certeza sobre quién ocupa los espacios. Las personas afromexiquenses fueron el grupo con mayor número de personas electas (26), pero principalmente en regidurías, el cargo con menor peso en la toma de decisiones ejecutivas, y con una marcada brecha de género: veinte hombres frente a seis mujeres. Por otra parte, la verificación de la pertenencia a cada grupo resultó ser el punto más frágil: de las 29 fichas evaluables de la plataforma Conóceles del IEEM, sólo una alcanzó un nivel alto de congruencia con el grupo invocado, particularmente en aquellos casos donde bastó la autoadscripción simple.
De cara a 2027, el estudio propone 14 recomendaciones a la autoridad electoral y 10 a los partidos políticos. Entre las primeras destacan la acreditación con apoyo de organizaciones de la sociedad civil; la regla de que al menos la mitad de las candidaturas afirmativas a presidencias municipales se ubiquen en municipios de alta competitividad; y el acompañamiento y la formación de las personas electas. La mayoría de estas medidas podrían instrumentarse mediante acuerdos del Consejo General. Pero, como advierte el estudio, la eficacia de cualquier regla depende, en última instancia, de las decisiones internas de los partidos, por lo que la corresponsabilidad resulta indispensable.
Abrir las candidaturas fue el primer paso. Que las acciones afirmativas dejen de ser un requisito que se cumple al momento del registro y se conviertan en representación efectiva es, a mi juicio, la medida de su éxito rumbo a 2027 y de una democracia mexiquense más plural.
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