En naciones donde la democracia se ve amenazada por la inseguridad y delitos de alto impacto. La integridad electoral deviene en una utopía si las campañas electorales están condicionadas por las amenazas y el miedo. El proceso electoral deja de ser libre y justo, sobre todo, porque es un ataque directo no solo a la soberanía popular sino al derecho de votar y ser votado. Esto lo menciono a propósito del lamentable suceso ocurrido el pasado domingo 2 de noviembre de este año, en el municipio de Uruapan, Michoacán. El asesinato de un alcalde en funciones nos recuerda, indirectamente, la importancia de los mecanismos de protección para quienes aspiran a un cargo de elección popular. Ante este trágico acontecimiento en la vida política del país, es oportuno referir a los esfuerzos que se hacen desde los Organismos Públicos Locales Electorales para proteger a quienes aspiran a servir desde un cargo público.
En el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), conscientes del flagelo que causa la inseguridad y violencia homicida relacionada con el crimen organizado y sus disputas por incrementar su control territorial, se han establecido estrategias para coadyuvar con las instancias estatales correspondientes en la protección de los candidatos a un cargo de elección popular. Lo anterior se hace con base en lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de México. En este, se estipula que la autoridad electoral en la entidad tiene la atribución de ser el vínculo con otras instituciones para fortalecer el sistema democrático.
En específico, el Artículo 190 del Código Electoral es claro al señalar que: le corresponde a la Presidencia del Consejo General “firmar convenios con autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y colaboración cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del instituto”.
Por mencionar algunos ejemplos, durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 y en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, para atender las demandas de mayor seguridad y garantías para realizar campañas electorales de los candidatos registrados, se firmó el convenio entre el IEEM, la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Seguridad (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).
La coordinación institucional que se refleja con la firma de este tipo de convenios no es un simple trámite burocrático, sino todo un protocolo de acción en el cual se establece un procedimiento claro: la candidatura que se sienta en riesgo puede llenar un formato en el cual se recibirá la denuncia, después es remitida a la FGJEM para valoración técnica de su gravedad y en caso de ser posible, recibir protección durante el proceso, a cargo de la SSEM.
Este mecanismo de apoyo institucional tiene como objetivo reducir y prevenir los riesgos frente a posibles delitos, no únicamente buscando la protección de la vida y los derechos de quienes participan en las elecciones, sino también asegurando la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Esta tarea, no está sujeta a intereses políticos ni a acciones coyunturales. Aunque el IEEM no cuenta con atribuciones directas en materia de seguridad, sí ha logrado fortalecer la colaboración con instituciones y ejercer su papel garante de la legalidad electoral, protegiendo el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía que aspira a un cargo de elección popular en el Estado de México.
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