En los últimos meses, la Ciudad de México ha sido escenario de diversas movilizaciones ciudadanas que denuncian el alza desmedida en los precios de la vivienda y el fenómeno conocido como gentrificación. Aunque el término parece de moda, su trasfondo es profundamente estructural: tiene que ver con el acceso desigual al espacio urbano, con los patrones de especulación inmobiliaria y con un modelo de ciudad que, cada vez más, deja fuera a quienes no pueden pagar por ella.
El foco ha estado, particularmente, en los jóvenes. Según datos del INEGI (2024), un profesionista joven en la capital percibe un ingreso promedio de 10,640 pesos netos al mes, mientras que el Observatorio Laboral estima que el ingreso mensual de un profesionista general ronda los 26,813 pesos. Aun así, los costos de renta en zonas como la Condesa, Roma, Juárez o Cuauhtémoc superan con facilidad los 25,000 pesos mensuales por departamentos de 65 a 70 metros cuadrados, según Inmuebles24 y la Sociedad Hipotecaria Federal.
Este desfase entre ingresos y precios ha dado paso a nuevas dinámicas de habitación: la compartición extrema de espacios (casas o departamentos ocupados por más de diez personas), la migración a zonas periféricas con menor conectividad o la renuncia al proyecto de adquirir vivienda propia. En paralelo, aumentan las inversiones extranjeras en bienes raíces y proliferan los anuncios en inglés que ofrecen “lofts” en colonias históricas, mientras las viviendas abandonadas se acumulan en otras zonas.
Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México publicó el pasado 16 de julio de 2025 el Bando 1 por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, en el que se reconocen los efectos de la gentrificación y se delinean acciones concretas. Este documento articula seis directrices clave:
Este enfoque, aunque novedoso para el caso mexicano, ya ha sido implementado en otras partes del mundo. En Barcelona, desde 2021 existe una regulación de precios máximos de alquiler en “zonas tensionadas” y la obligación para nuevos desarrollos de destinar un porcentaje a vivienda social. En Madrid, recientemente el gobierno central y la Comunidad han promovido un ambicioso plan de compra de inmuebles abandonados para destinarlos a renta asequible mediante el programa "Alquiler Seguro". En Nueva York, se mantienen desde hace décadas mecanismos como el "rent control" (control de renta) y "rent stabilization", que limitan el alza de rentas y otorgan estabilidad a los inquilinos. En París, desde 2019 se establecieron topes de alquiler por metro cuadrado, actualizados anualmente según ubicación y características del inmueble. En Montreal, se creó la Oficina de Mediación Inmobiliaria Municipal, que actúa como defensoría para inquilinos y promueve contratos justos.
Estas experiencias revelan que sí es posible intervenir el mercado inmobiliario con enfoque de justicia social. El reto para la Ciudad de México no será menor: requiere regulación efectiva, actualización de catastros, transparencia y voluntad política para equilibrar los intereses económicos con el derecho de millones a habitar dignamente su ciudad.
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