De acuerdo con algunos datos sobre el uso de las redes sociales, Meta concentra una parte importante de la actividad digital a nivel mundial. Su métrica unificada, Family Daily Active People (DAP), alcanzó los 3,600 millones de usuarios. El gigante del sector que encabeza Mark Zuckerberg y quien apenas hace unos días fue sancionado por la SCJ con alrededor de 18 millones de dólares, el juicio fue promovido por 29 estados de la Unión Americana luego de los funestos efectos observados en las juventudes norteamericanas. Instagram y WhatsApp negociaron por separado y solo Facebook aceptó la multa a cambio de que todas las redes recibieron las mismas recomendaciones. Ahora bien, ¿cuál fue el acuerdo además de la multa?
El acuerdo se produce luego que se demostró que META facilitó maliciosamente el uso de la plataforma incentivando notificaciones frecuentes, además de recopilar y utilizar deliberadamente los datos de las infancias mientras usaban Facebook e Instagram, violando así disposiciones legales.
El antecedente norteamericano es muy relevante para aquel país y se suma a las restricciones que ya se han formulado desde Europa e incipientemente en América Latina, en donde las dificultades para someter a lo que hoy se conoce al tecnofeudalismo son absolutas y se han limitado a regular el uso del teléfono celular en escuelas primarias como medida inicial pero insuficiente. Esa nueva jerarquía social fundada en el capitalismo digital ha sido documentada por el economista y exministro griego Yanis Varoufakis, quien escribió el libro “Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo”. La tesis central es que en esta nueva fase del capitalismo extensivo el uso de las nuevas tecnologías juega a favor de los nuevos dueños de ese capital que básicamente se encuentra en Estados Unidos y domina a las redes sociales mundialmente. Esa enorme concentración de la riqueza en pocas manos ha generado impulsos generacionales que modifican sensiblemente las aspiraciones juveniles. Recientemente se publicaron datos de encuestas en América Latina en donde los niños prefieren ser hoy en día influencers, tiktokers o youtubers, como se le conoce a las muchas variedades que existen para sobrevivir sin trabajar al menos en los trabajos que formalmente conocimos hasta el s. XX. Hoy en día los niños menores de 18 años ya son dueños de sumas millonarias y orientan las modas en las redes sociales, no son sujetos de obligaciones jurídicas pero sí esclavos de las modas digitales. El caso es alarmante en países como el nuestro, en donde todos los días se escuchan relatos de jóvenes que han preferido abandonar sus estudios por la suerte momentánea de la monetización en las redes sociales; para el caso nuestro, las afectaciones no solo llegan a los niños, también los jóvenes que se asocian a los grupos criminales sufren todo tipo de historias de terror. Las recientes muertes de influencers en Culiacán así lo demuestran. La vida de las mujeres “buchonas” asociadas al narcotráfico son otro espacio que renueva aquella frase atribuida al Pirata de Culiacán: aquel joven de Guadalajara que perdió la vida trágicamente motivo de sus excesos en las redes: “Prefiero vivir un día como rey que trabajar toda mi vida como buey”. En ese sencillo apotegma se inscribe una enorme paradoja para el sistema político mexicano, a falta de opciones institucionales que renueven la lógica de educación, empleo y desarrollo, surgen estas falsas ventanas producto del Tecnofeudalismo por un lado, y, de los crecientes brazos que el crimen organizado despliega para apropiarse de la fuente inagotable de su riqueza; la juventud.
El reto que tiene enfrente nuestra sociedad no es fácil. Ninguna regulación jurídica puede corregir un fenómeno social tan complejo, estudiar o ser un buen estudiante ya no es garantía alguna para obtener un empleo. La precarización de las juventudes es escandalosa. El saldo es la incertidumbre, la desafección política y el pesimismo. La salud mental, asociada a estos fenómenos, es otra evidencia del fracaso de nuestros gobiernos que acostumbrados a traducir todo en cifras de sobrevivencia, piensan más en votos que en la dignidad de las personas. Lejos estamos de contar con un sistema de justicia que ataque las raíces de nuestras profundas crisis como lo describí al inicio de este artículo. El nuevo Poder Judicial más bien es una evidencia del deterioro por venir. Que una ministra de la Suprema Corte de Justicia asegure que es el máximo tribunal no interpreta la Constitución y que esa es tarea del Poder Legislativo acaso demuestre que lo que viene será aún peor en la impartición de justicia. Estados Unidos ha dado un paso en la protección de sus niños y juventudes, ¿nosotros cuándo?