Bajo el tradicional sistema político mexicano, los sexenios suelen dividirse en tres grandes episodios. Los dos primeros años corresponden al diseño institucional, al manejo y corrección de las finanzas públicas, así como al trazado de lo que será la impronta del gobierno en turno. En la segunda etapa suelen observarse cambios políticos tanto en el gabinete como en la estructura de gobierno, motivados por los candidatos que dejan la administración para competir por cargos de elección popular, ya sea para gobernadores y senadores cada seis años, o diputados en elecciones intermedias. Para 2027, incluso, está prevista la renovación de 16 gubernaturas. En este segundo tercio se redefine el tamaño del Congreso, se acentúan las políticas públicas y se profundiza en el estilo de gobierno. El tercer episodio suele ser el más complicado, tanto por la revisión de los compromisos de campaña como por los eventuales incumplimientos que, dadas las condiciones estructurales del país, siempre quedan pendientes.
En este contexto, la gobernadora Delfina Gómez acude a su segundo informe de labores en medio de una buena percepción ciudadana, sustentada en estudios de opinión recientemente publicados que la ubican con un histórico 65.7 por ciento de aprobación, posicionándola entre los cinco primeros lugares a nivel nacional, de acuerdo con el estudio de Demoscopia Digital (2025). Se trata de un resultado relevante si consideramos —y lo he señalado en distintos espacios— que el Estado de México enfrenta problemas estructurales que no podrán resolverse sin mayores recursos públicos, los cuales, por ahora, son escasos y limitan las posibilidades de desarrollo de la entidad.
Sostenidamente, en los últimos meses han mejorado los indicadores en materia de seguridad y, de acuerdo con la ENVIPE, en el Estado de México la percepción de inseguridad ha mostrado una reducción: en 2017, el 90.7 por ciento de la población consideraba inseguro vivir en su entidad; para 2021, la cifra fue de 91.3 por ciento; y en 2025 se reporta 87.8 por ciento (INEGI, 2017, 2021, 2025). Otro indicador igualmente favorable ha sido la disminución de la población en situación de pobreza extrema: según información del INEGI, en el Estado de México pasó de 936.5 mil personas en 2016 a 1,401.9 mil en 2020, para después reducirse a 657.1 mil en 2024 (INEGI, 2024). Estos datos reflejan un repunte intermedio seguido de una disminución significativa en los niveles de pobreza extrema en la entidad.
El tercer dato proviene de la fuerte inversión pública que se despliega en el Estado de México, la cual ha tenido un papel central en la reducción de la pobreza. Se trata de un presupuesto histórico de más de 18 mil millones de pesos destinado a este rubro, con un incremento del 58.7 por ciento respecto a ejercicios anteriores. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha señalado que estos apoyos han permitido que alrededor de dos millones de mexiquenses salgan de la pobreza. Entre los programas más destacados se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, Mujeres con Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos programas han sido bien evaluados por la ciudadanía, pues inciden directamente en el ingreso de los hogares y en la reducción de carencias sociales; por ejemplo, se ha realizado la entrega de canastas alimentarias del Bienestar y apoyos en efectivo para mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que ha representado un alivio directo en la economía familiar (Gobierno del Estado de México, 2024; MSN Noticias, 2024).
Ya en 2023, el CEPLAN señalaba en su libro “Crónica de una derrota anunciada” que parte del respaldo ciudadano a la candidatura provenía de la estrategia de inversión social en programas del bienestar. Desde el inicio de este gobierno se han destinado importantes cantidades de recursos para atender dichos programas (CEPLAN, 2023).
Nuestra entidad tiene un presupuesto para 2025 de 388,550.6 millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 72 por ciento proviene de aportaciones y transferencias federales, mientras que el 26 por ciento corresponde a recursos propios, y el resto a financiamiento y otras fuentes extraordinarias (Gobierno del Estado de México, 2025a; Gobierno del Estado de México, 2025b). Esto sugiere que, en el futuro, si se quiere seguir mejorando tanto la percepción ciudadana como las condiciones de inversión en la entidad, deberá impulsarse una nueva política fiscal que dote al Estado de México de más y mejores recursos. La importancia de ello radica en el peso demográfico de la entidad, su aportación al Producto Interno Bruto nacional y, no menos relevante, el porcentaje de votos que representa en la votación nacional del partido en el poder.
Durante décadas, el Estado de México fue el principal granero de votos para los tres partidos que concentraron el mayor número de escaños en los últimos treinta años: PRI, PAN y PRD. Sin embargo, debido al realineamiento electoral observado desde 2015, hoy existe un marcado trasvase de votos hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. Los cambios en el gabinete son esperados, pero no modificarán por sí mismos las condiciones estructurales del gobierno ni de la entidad si no se acompañan del impulso de estrategias orientadas a generar mayores recursos estatales y una recaudación fiscal más sólida. Como se advirtió en el sexenio anterior, las políticas de austeridad resultan insuficientes para transformar el rumbo de la vida cotidiana de los mexiquenses.
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