En política no hay acciones neutras y, mucho menos, en reformas electorales se puede aspirar o pensar en que todas son de carácter consensual o "democráticas". El detonante de cualquier reforma pasa por una fórmula inequívoca: quién tiene el poder y por qué quiere hacer los cambios. Cuando lo impulsa la oposición, como fue entre 1977 y hasta el 2014, sus propósitos fueron muy claros y buscan mejorar sus condiciones de acceso al poder tras 50 años de reformas. En este sentido, es razonable que exista una gran preocupación y un tanto de animadversión entre círculos académicos y grupos opositores.

Los tres puntos que se han dado a conocer en el llamado Plan B son: reducir el número de regidores en aquellos ayuntamientos cuyo número es muy alto; disminuir el costo de los congresos locales; y reducir los llamados privilegios de la clase política.

Empiezas con el primero. Esa reforma ya sucedió en el Estado de México: se recortó el número de regidores y el supuesto objetivo de disminuir la carga presupuestal del capítulo 1000 de la hacienda municipal, simplemente no sucedió. Incluso a nivel nacional y, en el caso local, se replica: existe el principio de que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta o, en este caso, la gobernadora en turno. Y aunque el número de regidores disminuyó, el capítulo 1000 (servicios personales) y 3000 (servicios generales) siguen al alza. Además, hay que decir que los ayuntamientos han visto disminuir sensiblemente sus presupuestos por una política centralista que pretende organizar el desarrollo y la visión regional desde la Ciudad de México. Lejos estamos de un verdadero pacto federal.

Por lo que hace a los diputados, el caso es más dramático y, si bien es cierto que el presupuesto que se destina a las cámaras en volumen suena muy alto, cuando se compara el número de legisladores entre el número de habitantes, lo que parece abusivo ya no lo es tanto. Si el gasto legislativo se hace por habitante, nos encontramos que la entidad que gasta más en sus representantes sería Baja California Sur, seguido de Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Quintana Roo, para sólo referirnos a los 5 primeros; y el Estado de México se ubica muy por debajo de la mitad de la tabla. Entonces todo depende de con qué rasero se mida el costo: si se divide el presupuesto del legislativo (mil 983 millones de pesos) entre el número de habitantes del Estado de México (16 millones 992 mil 418, INEGI 2020), el costo per cápita sería de 116.69 pesos , contra los 386 pesos que cuesta uno en Baja California Sur. Aún no sabemos cuál sea la fórmula que se proponga en esta reforma, donde considero que el planteamiento de origen es muy discutible. El Estado de México representa el 13% de la lista nominal nacional y, junto con la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Baja California, concentran el 46 por ciento del gasto legislativo total del país, por lo que, si se compara por volumen está, el Estado de México parece la más costosa, pero si lo hacemos entre número de habitantes aparecemos por debajo de la media tabla. Habrá que esperar la propuesta para analizarla de mejor forma.

Tasar el tema de los privilegios de la clase política a partir del salario de nuestra presidenta es doblemente peligroso. Por un lado, porque un próximo presidente podría determinar un incremento sustancial que impacte esta aparente política de austeridad, y digo aparente porque el presidente en México y en buena parte del mundo tiene beneficios adicionales que prácticamente hacen que su sueldo se convierta en ahorro. Me explico: en México no pagan casa, alimentos, servicios básicos, ropa ni tampoco traslados, para ubicar solamente algunos de los onerosos. Incluso la partida de los gastos de la presidencia suelen resguardarse por periodos largos que hacen aún más difícil esta valoración. Es un privilegio ser presidente de la República, así como es un privilegio formar parte de las élites de nuestra clase política, pero es francamente ingenuo suponer que los excesos se van a corregir por simple voluntarismo.

Lo que estructuralmente cambiaría el futuro de México, sería una reforma fiscal profunda, que le cobre más altos impuestos al 1 por ciento de los más ricos que concentran el 35-40 por ciento de la riqueza privada nacional. ¡El país necesita una verdadera justicia fiscal!

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