Desde 1977, que se registró la primera reforma electoral de carácter estratégico en nuestro país, se inauguró lo que para algunos constituye la transición democrática que, dependiendo sus ganadores y sus perdedores, puede ubicarse en el 2000 para los simpatizantes del PAN o hasta el 2018 para los obradoristas. Cabe tal matiz, porque para la izquierda más ideológica nunca hemos logrado construir verdaderamente un sistema democrático. Bajo esta tesitura, el nuevo proceso de reforma electoral que anuncia el gobierno federal es absolutamente atípico e inusual.
Atípico porque, de acuerdo con la teoría de Joseph Colomer, una hipótesis es que cuando las fuerzas opositoras tengan igual o mayor fuerza que la del partido en el poder, impulsen reformas electorales que mejoren sus condiciones de competencia y alternancia en el poder. Eso sucedió en México durante el periodo que va de la LOPPEM en 1978 y hasta la reforma del Pacto por México del 2014. Ese no es el caso que guía este nuevo impulso. Es todo lo contrario.
Es también inusual que en las democracias modernas un solo partido logre mayorías dominantes por largos periodos, salvo en los casos de sistemas mayoritarios que tampoco se ajustan al caso mexicano. Por eso resulta cuestionable para una buena parte de la comentocracia, así como para la oposición y los propios órganos electorales, la vehemencia para pedir una reforma electoral que no es prioritaria en estos momentos para el país. El único argumento que la sostiene es el tema del costo y ahí es, francamente, debatible el tema y se podría corregir fácilmente si, por ejemplo, se disminuye el triple financiamiento público a los partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos tienen la vía de recursos propios (aportaciones, rifas, sorteos y rendimientos), además del financiamiento público federal y los locales (en términos generales, el 40 por ciento del presupuesto de las elecciones se destina a los partidos políticos).
Siguiendo la propia tesis de Joseph Colomer, las reformas electorales son herramientas estratégicas y siempre buscan un equilibrio entre representación y gobernabilidad, en donde el intercambio regular es el juego de mayorías vs minorías. Adicionalmente, si la reforma busca mejorar las reglas de la competitividad, tienden a ser incrementales y mejoran los precedentes. De ahí que para algunos especialistas este tipo de reformas se han deslizado. Desde el Plan C del expresidente López Obrador ha quedado evidente el interés de disminuir el costo de las elecciones, modificar el sistema de representación política, así como cambiar la naturaleza de los órganos electorales y hasta modificar el orden jurisdiccional en las elecciones. Deriva autoritaria le han llamado algunos actores políticos, siguiendo la tesis de (Rachman; Chawazeda; Pérez Liñán; Ilizarbe y Gunther Maihold, entre otros), que caracterizan este fenómeno con cuatro elementos característicos: erosión democrática; concentración del poder; administración del miedo y discurso; y militarización.
En un país polarizado como se encuentra el nuestro, tanto la oposición institucionalizada como los líderes de opinión y algunos segmentos apartidistas ven con preocupación los intentos de una reforma que, de acuerdo con la última encuesta de Alejandro Moreno publicada el 16 de enero de 2026 en El Financiero, tampoco forma parte de las principales preocupaciones de los mexicanos.
Sin embargo, desde el poder la hipótesis es distinta y se justifica básicamente por los excesos y altos costos que ha significado este proceso para algunos actores políticos, que, valga decirlo, todos han llegado bajo el mismo procedimiento en los últimos 40 años, por lo que hacer un cambio sin consenso ni apoyo social puede convertirse en un parteaguas para el sólido apoyo del que aún goza la presidenta Sheinbaum, quien depende de la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para sacar adelante una reforma agresiva, y en cuyo caso el costo de esta negociación será muy alto y en perjuicio de nuestra consolidación democrática, pues los acuerdos que sostienen sus aliados van en contra de las tesis del gobierno en turno (reelección, nepotismo político, cacicazgos y cierta aristocracia partidaria que nunca ha estado dispuesta a renovarse). El dilema es complejo: más poder a costa de lo que sea o más apoyo social para las batallas que aún están por venir. A veces es mejor retirarse de una batalla que obtener un triunfo pírrico.
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