Se pregunta el gran filósofo y jurista nacido en Austria, víctima, como todos los judíos de la época, de los terrores de las guerras mundiales. Decide trasladarse a Estados Unidos, donde su obra internacionaliza la teoría pura del derecho. En tanto la justicia es una exigencia de la moral, la relación entre moral y derecho queda comprendida en la relación entre justicia y derecho, constituyendo uno de sus mayores aportes; y en el opúsculo citado al inicio de esta colaboración apunta que:
“La justicia es, en primer lugar, una característica posible más no necesaria del orden social. Recién en segundo término, constituye una virtud del individuo, pues un hombre es justo cuando su obrar concuerda con el orden considerado justo. Mas cuando es justo un orden social determinado, lo es cuando arregla la conducta de los hombres de modo tal que la satisfacción a todos les permite lograr la felicidad”. (Hans Kelsen, 1957)
¿Puede haber un orden justo en donde prevalece la desigualdad? ¿A qué tipo de gobierno podemos aspirar cuando el 1% de los más ricos del país concentra 35% del ingreso total, posee 40% de la riqueza privada nacional y es responsable también de una parte desproporcionada de las emisiones contaminantes? En el último informe de Oxfam (feb-2026), se desnuda una realidad que tanto los Premios Nobel de la Paz como diversos intelectuales han colocado sobre la mesa de discusión en años recientes.
De acuerdo con el mismo informe, México confirma lo que T. Piketty planteó en El capital en el siglo XXI: cuando las fortunas de los más ricos crecen más rápido que la economía, la desigualdad económica se profundiza. Entre 1996 y 2025, la riqueza de Carlos Slim aumentó más de ocho veces y la de los milmillonarios se multiplicó 4.2 veces, mientras la economía mexicana no duplicó su tamaño.
Es sintomático que la riqueza personal de unos pocos aumente tan aceleradamente y que el sistema fiscal transmita esa desigualdad. El informe señala que no existe información pública clara sobre cuánto pagan impuestos los más ricos, debido a la opacidad de los datos fiscales, lo que dificulta cuestionar hipótesis como que quienes más tienen sostienen el sistema con su aportación.
Con lo poco disponible, Oxfam documenta que en 2025 las personas con ingresos mayores a 500 millones de pesos aportaron apenas 21 centavos de cada 100 pesos recaudados en impuestos federales, una proporción extremadamente baja si se considera su capacidad económica. Este patrón no es exclusivo de unos pocos individuos. En América Latina, el 50% más pobre de la población aporta alrededor de 45 centavos por cada dólar que gana en impuestos, mientras que el 1% más rico contribuye con menos de 20 centavos por dólar, un claro indicio de regresividad fiscal que coloca mayor carga relativa sobre los sectores de menores ingresos.
Además, el propio sistema fiscal mexicano cobra proporcionalmente más al trabajo que al capital, lo que implica que quienes más dependen de sus salarios o pequeñas propiedades pagan un porcentaje mayor de impuestos respecto a sus ingresos que las grandes fortunas.
De ahí que el reporte señala categóricamente que los multimillonarios se enriquecen a costa del tiempo y la precariedad de las mayorías. Resulta impostergable visibilizar y corregir la irresponsabilidad fiscal de los millonarios —no solo mediante más impuestos, sino también garantizan transparencia tributaria, eliminando exenciones regresivas y estableciendo impuestos progresivos sobre la extrema riqueza y las ganancias de capital, tal como propone el propio informe.
Como ha quedado expuesto, los gobiernos van y vienen, pero es el poder económico el que moldea a una nación, sea por su capacidad de veto como por su influencia en los medios masivos de comunicación. Si la 4T pretende transformar al régimen, resulta indispensable actualizar el modelo fiscal que sigue privilegiando a quienes más tienen en detrimento de los más pobres. No es posible la existencia de un orden social justo si por justicia se entiende la felicidad individual.
La felicidad debe ser procurada tanto por el orden social como por el jurídico, y en este último nada se logrará si seguimos apostando por dejar intactos los privilegios de quienes acumulan poder y dinero sin límite alguno.
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