El 19 de noviembre, la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México entregó al Congreso local el Paquete Fiscal 2026, que propone un Presupuesto de Egresos por 410 mil 342 millones de pesos, el monto nominal más alto en toda la historia del estado. Se trata de un aumento de 5.6% respecto a 2025, que continúa la trayectoria expansiva de las últimas dos décadas. Más allá del énfasis en la cifra récord, vale la pena analizar qué significa esto en términos reales, es decir, descontando la inflación. Un punto relevante del Paquete Fiscal es que no contempla deuda adicional. El Estado de México mantiene así una línea de disciplina fiscal que contrasta con el contexto federal.
Más allá de los números, el presupuesto revela un mensaje político: en tiempos de incertidumbre nacional y global, el Estado de México busca combinar expansión moderada con estabilidad financiera. Es una apuesta por el equilibrio: crecer sin desbordarse, invertir sin endeudarse y recuperarse sin asumir riesgos fiscales innecesarios.
Sin embargo, el cascabel al gato, lo vino a colocar el Diputado Oscar González del PT que volvió a colocar el tema del trato fiscal que recibe nuestra entidad. En términos de PIB representamos el 13 por ciento nivel nacional, pero recibimos el 4, dijo en su alocución. Y efectivamente, somos el número uno en población y mientras la CDMX es el segundo y recibe un presupuesto equivalente a esa posición, mientras en el Estado de México descendemos por debajo del 20 en la distribución nacional. Somos la segunda economía a nivel nacional y de nuevo la distribución no es justa para nuestro estado, pues terminamos subsidiando a todo el país, incluyendo a la capital. Este problema deriva de una añeja disputa entre centro y periferia como un clivaje del siglo XIX y permanece hasta nuestros tiempos. No se trata únicamente de un trato diferenciado desde la óptica fiscal, pues es en el fondo una disputa entre las elites que gobiernan al país; nosotros ponemos los votos y los capitalinos al gobierno federal.
Ya en la época del priiato la clase política local desestimó corregir ese problema estructural, que limita el desarrollo justo en nuestra entidad. Con el ascenso de EPN al poder presidencial, su partido tuvo todas las condiciones para corregir ese problema y más allá de su evidente derrota electoral, lo que realmente sucedió ahí fue un fracaso cultural, propiciado en buena medida por la ausencia de operadores políticos que buscarán un trato más equitativo para la entidad que los llevó al poder. Los mexiquenses somos mucho más que votos en el concierto político nacional, pero necesitamos una clase política que esté dispuesta a hacerlo valer.
El partido convertido en gobierno, tiene todas las posiciones de poder para corregir este trato injusto que recibe nuestra entidad de la federación. De no hacerlo o al menos intentarlo, seguiremos siendo ciudadanos de segunda que anhelamos vivir como en la capital (subsidiada a costa de todos los mexiquenses) que se aleja de nosotros en muchos indicadores, por la sencilla razón de que seguimos viviendo en una república en el papel, pero anclada al viejo centralismo decimonónico en los hechos.
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