El Presupuesto de Egresos de la Federación es el principal instrumento de política pública de cualquier gobierno. En él no solo se reflejan sus prioridades, sino también su capacidad para administrar recursos, distribuir cargas y sostener un equilibrio razonable entre gasto, ingreso y deuda. Una lectura fiscal del Presupuesto 2025 permite identificar con claridad hacia dónde se dirigen los recursos públicos y cuáles son los riesgos estructurales que se están asumiendo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 ascendió a un gasto neto total de $9 billones 302 mil 015 millones 800 mil pesos. De acuerdo con cualquier estándar de responsabilidad fiscal, el gobierno no debería gastar más de lo que ingresa. Cuando esto ocurre se habla de un “déficit fiscal” y, según diversas previsiones, durante 2025 el gobierno federal gastó un billón ciento setenta mil quinientos sesenta y seis millones, cuatrocientos sesenta y un mil setecientos noventa pesos por encima de lo previsto.

Tradicionalmente, el déficit se cubre mediante endeudamiento. En este caso, la deuda externa mexicana representa hoy el 49.9 por ciento del PIB. Aunque esta cifra no resulta alarmante si se compara con economías como la de Estados Unidos, cuya deuda supera el 123 por ciento de su PIB, lo relevante es la trayectoria: la evolución de la deuda pública mexicana es la más acelerada de los últimos años.

De acuerdo con el mismo Presupuesto de Egresos 2025, del total del gasto público el 13.9 por ciento se destina al pago de la deuda, el 15.2 por ciento a programas asistenciales y el 13.3 por ciento a PEMEX y CFE. En contraste, solo el 7.89 por ciento se asigna a lo que se conoce como gasto productivo, es decir, la inversión pública destinada a generar activos que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social de largo plazo.

En el presupuesto de 2025, este gasto productivo se concentra principalmente en tres rubros: el desarrollo ferroviario (Tren Maya y Corredor Interoceánico) con aproximadamente $157,000 millones de pesos; el fortalecimiento de infraestructura local en estados y municipios por $276,000 millones; y la atención a necesidades básicas como salud, agua y caminos rurales, que en conjunto suman alrededor de $71,900 millones de pesos.

Esta distribución del gasto permite afirmar que en México se invierte poco en actividades productivas y aún menos en áreas estratégicas fundamentales para el desarrollo nacional, como la educación, la ciencia y la tecnología, así como en sectores vitales como la salud. Más que un problema de monto, el presupuesto revela un problema de prioridades: se privilegia el gasto corriente y asistencial sobre la inversión que podría sentar las bases de un crecimiento sostenido y una mejor administración del presupuesto público.

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