En días recientes se ha reavivado el debate en torno a la viabilidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el papel que juega el Estado en su sostenimiento. La operación anunciada por la Secretaría de Hacienda el 24 de julio —mediante la emisión de "Pre‑Capitalized Notes" por hasta 10 mil millones de dólares— generó fuertes reacciones en medios, oposiciones políticas y especialistas económicos. Sin embargo, conviene preguntarse si el rescate a Pemex es un acto aislado o parte de una lógica económica global que, frente a empresas estratégicas en crisis, privilegia su salvamento como interés público.

Lejos de ser un caso inédito, la historia reciente ofrece numerosos ejemplos de Estados que han intervenido masivamente para rescatar a empresas clave en su economía. El más citado es el de Estados Unidos, donde en 2008 el Congreso aprobó el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés), con una asignación inicial de hasta 700 mil millones de dólares. Este plan permitió rescatar bancos, aseguradoras como AIG y automotrices como General Motors y Chrysler. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU., al cierre de 2023 el costo neto del TARP fue de 31.1 mil millones de dólares, tras recuperar más del 95 % de lo desembolsado gracias a reembolsos y venta de acciones estatales (U.S. Department of the Treasury).

En ese mismo sentido, Argentina expropió en 2012 el 51 % de YPF, hasta entonces en manos de Repsol, en una medida orientada a recuperar la soberanía energética. El Estado firmó un acuerdo de compensación por 5 mil millones de dólares, se incrementó la inversión en el yacimiento de Vaca Muerta y se logró estabilizar temporalmente la producción, aunque la empresa enfrentó años después un fuerte endeudamiento.

Más recientemente, en 2024, el gobierno de Perú aprobó un segundo rescate a Petroperú, empresa estatal con graves problemas de liquidez, para garantizar el abasto nacional de combustibles. Y en Europa, Alemania intervino en 2022 con más de 20 mil millones de euros para salvar a Uniper, su mayor importador de gas, frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Cada uno de estos casos muestra que, ante sectores considerados estratégicos, los gobiernos han optado por medidas de rescate con objetivos económicos y políticos de largo alcance.

En Europa, el caso de Suecia en 1991–1992 es igualmente revelador. Ante una grave crisis bancaria, el gobierno sueco nacionalizó dos bancos, asumió deuda incobrable y creó un ente de recuperación de activos. Aunque el rescate costó inicialmente el 4 % del PIB sueco, la mayoría de esos recursos fueron recuperados al privatizar de nuevo los bancos y recuperar carteras morosas. El caso se convirtió en modelo de intervención eficaz para estabilizar sistemas financieros. (IMF Working Paper WP/01/91).

En ese contexto, el caso Pemex debe analizarse con mayor profundidad. La petrolera mexicana acumulaba una deuda superior a los 101 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2025, con vencimientos próximos que comprometían su liquidez. El nuevo esquema de financiamiento —sin implicar deuda directa del gobierno— busca fortalecer sus flujos sin agravar los balances fiscales. (Pemex, Reporte Trimestral Enero–marzo 2025).

No obstante, el rescate de Pemex también plantea interrogantes sobre las prioridades del gasto público. Mientras el gobierno federal destinó en 2025 alrededor de 136 mil millones de pesos (6.7 mil millones de dólares) para apoyar el servicio de deuda de Pemex, sectores como salud y educación reportaron reducciones significativas en su presupuesto real. Solo en los dos primeros meses del año, el gasto público en salud cayó 33.6 % respecto a 2024, según datos del propio gobierno federal (SHCP – Cuenta Pública 2025, primer bimestre).

Más allá de la comparación entre países o sectores, lo relevante de este momento es que el apoyo financiero a Pemex no puede ser entendido como una medida aislada, sino como la oportunidad para repensar su modelo operativa y financiera. Si el rescate económico no va acompañado de un rediseño estratégico a largo plazo, enfocado en la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia, los recursos públicos corren el riesgo de diluirse sin impacto real. Pemex es, sin duda, una empresa de interés nacional; pero como toda inversión del Estado, debe rendir cuentas y generar resultados tangibles para el bienestar colectivo.

Sin aumentar su producción ni reducir su pronunciado déficit, PEMEX se convierte en un pesado lastre para la economía mexicana. El discurso de la soberanía nacional tiene claramente límites y este es uno de ellos.

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