Este 2 de junio, las y los ciudadanos del Estado de México recibirán once boletas. Seis de carácter federal y cinco correspondientes a los procesos locales. Entre estas últimas, destaca un hecho inédito: por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a jueces y magistrados. Un giro institucional que, aunque en apariencia democratiza el acceso al Poder Judicial, también abre preguntas de fondo sobre la forma, el alcance y la comprensión del proceso.
La plataforma “Conóceles”, habilitada por el IEEM, busca ofrecer información pública sobre los perfiles que aspiran a estos cargos. Sin embargo, la pregunta que no podemos evadir es: ¿son estas herramientas suficientes para que el electorado pueda ejercer un voto informado? ¿Sabemos cómo fueron postulados los candidatos? ¿Qué elementos deberíamos considerar al evaluar su trayectoria? ¿Qué garantías existen sobre su idoneidad, su autonomía y su conocimiento técnico?
A diferencia de una contienda legislativa o ejecutiva, en la que los discursos, propuestas y debates pueden ser visibles, las campañas de jueces y magistrados se enfrentan a una barrera presupuestaria y territorial considerable. Con un presupuesto modesto, en un estado tan amplio y diverso como el Estado de México, difícilmente se puede garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso real a los perfiles y a sus propuestas —si es que las hay—. Estamos, por decirlo claro, ante una elección técnica con herramientas de difusión escasas y una expectativa de participación baja.
El peligro no es menor: que una boleta con nombres desconocidos se convierta en un ejercicio simbólico, o peor aún, en un espacio de confusión y abstención. Que el exceso de papeletas no refleje una democracia vibrante, sino una jornada abrumadora en la que, ante la falta de información o interés, muchas personas opten por dejar en blanco lo que no comprenden.
Y aquí el fondo del asunto: elegir a quienes impartirán justicia no puede ser un acto desinformado. El Poder Judicial requiere legitimidad, pero también necesita imparcialidad y solvencia técnica. El voto popular, en este caso, implica una responsabilidad doble: para la ciudadanía, ejercer el sufragio con conciencia; para las instituciones, garantizar procesos claros, recursos suficientes y verdadera accesibilidad informativa.
Votar por jueces y magistrados debería invitarnos a revisar más allá de nombres: mirar trayectorias, experiencias, redes de vínculos. Una elección judicial no puede tratarse con la ligereza de una elección de popularidad. Elegir a quienes juzgarán no es un tema menor.
Este proceso, sin duda, es un parteaguas. Pero si no se acompaña de pedagogía cívica, transparencia en la postulación, y verdadera voluntad institucional de informar, corre el peligro de convertirse en una promesa fallida. Porque más boletas no necesariamente significan más democracia. A veces, significan más ruido, más incertidumbre, y más distancia entre el ciudadano y su derecho a decidir con conocimiento.
Lo que está en juego no es solo un grupo de nombramientos. Es la calidad del sistema judicial, su independencia, y la confianza que podamos tener en él. Conocer a los candidatos es una responsabilidad cívica de la mayor importancia ya sea que estés a favor o no de este modelo, lo peor que puede suceder es que no se ejerza el derecho al voto y sean las estructuras partidiarias las que terminen de imponer a los próximos integrantes del Poder Judicial.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex