En 2024, México alcanzó un hito histórico: por primera vez en años, la pobreza disminuyó a niveles que parecían inalcanzables. La ENIGH 2024 confirma que los ingresos por hogar aumentaron de forma notable, impulsando una caída clara en la pobreza por ingresos y en la multidimensional, sobre todo gracias al fortalecimiento del poder adquisitivo de la población más vulnerable. Entre 2022 y 2024, la población con ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos cayó de 43.5 % a 35.4 %, lo que representa millones de mexicanos que hoy tienen un margen mayor de estabilidad para cubrir sus necesidades más básicas (INEGI, 2025).
Las cifras, sin embargo, también hablan de particularidades importantes. La Ciudad de México y Nuevo León se consolidan como las entidades con los ingresos más altos: en la capital del país, el ingreso corriente trimestral promedio por hogar fue de 105,459 pesos, mientras que en Nuevo León alcanzó 100,014 pesos. En contraste, en Chiapas apenas llegó a 41,351 pesos, siendo la única entidad que presentó retroceso respecto a 2022 (INEGI, 2025). A nivel nacional, la desigualdad permanece profunda: el decil X concentra ingresos trimestrales por 236,095 pesos, mientras que el decil I apenas alcanza 16,795 pesos, es decir, una relación de 14 a 1. Esto muestra que, aunque el promedio mejora, las brechas estructurales siguen abiertas y no todas las regiones participan del mismo ritmo de recuperación (El País, 2025).
El aumento del salario mínimo ha sido, sin duda, el motor central del avance. Los ingresos laborales explican alrededor del 65 % del crecimiento del ingreso corriente de los hogares entre 2022 y 2024 (INEGI, 2025). Este incremento no generó una inflación desbordada, como se advertía, y al contrario, permitió que millones de familias se acercaran o incluso superaran la línea de bienestar. Sin embargo, estos avances no ocurren en un vacío y existen variables adicionales que, aunque no aparecen reflejadas con precisión en las estadísticas oficiales, forman parte de la ecuación. Las remesas, por ejemplo, han mantenido un crecimiento sostenido que inyecta liquidez en zonas rurales y semirrurales, aunque su aporte a nivel agregado es todavía marginal frente al ingreso laboral. Más difícil de medir, pero no por ello menos relevante, es el papel que juega el narcotráfico en la economía nacional.
Un estudio publicado en Science y replicado por distintos medios internacionales estimó que entre 160,000 y 185,000 personas forman parte de los cárteles de la droga en México, lo que los ubicaría como el quinto empleador más grande del país, por encima de gigantes como Pemex y Oxxo (LA Times, 2023; El País, 2023). Estos grupos no solo emplean a miles de campesinos, operadores y sicarios, sino que generan un flujo económico que se infiltra en sectores legales, contaminando la frontera entre la economía formal e informal. Investigaciones recientes calculan que el impacto económico anual del crimen organizado supera los 19 mil millones de dólares, mientras que reportajes documentan cómo organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación han recaudado hasta 8 mil millones de dólares en pocos años mediante contrabando de mercurio para minería ilegal en Sudamérica (El País, 2025). En términos simples: el narcotráfico no solo destruye comunidades con violencia, sino que también genera una riqueza que influye —aunque no aparezca en los balances oficiales— en la dinámica económica de varias regiones del país.
Hay motivos claros para celebrar esta reducción histórica de la pobreza. El esfuerzo por aumentar el salario mínimo, las transferencias sociales y la recuperación del empleo formal han rendido frutos visibles. Pero al mismo tiempo, persisten desafíos de enorme calado: la desigualdad que separa a los hogares más ricos de los más pobres sigue siendo abismal; regiones enteras, como Chiapas, se han quedado atrás; y buena parte de la mejora depende de factores que no garantizan estabilidad en el largo plazo. La desaparición de Coneval y su sustitución por el INEGI como responsable de las mediciones plantea además un riesgo para la independencia técnica de los diagnósticos, en un momento en el que más que nunca se requiere una mirada crítica y precisa.
Decir que la pobreza disminuyó es, sin duda, celebrar un logro real. Pero también es indispensable preguntarse qué tanto de ese avance proviene de empleos dignos y salarios crecientes, y cuánto de recursos que entran por otros cauces, legítimos o no. Sin auditores independientes y sin contar a las sombras que enriquecen la economía nacional, medir los avances será como contar billetes sin mirar quién los imprime.
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