La Universidad Autónoma del Estado de México se encuentra en un momento decisivo. No sólo por las reformas que actualmente se discuten en su Estatuto Universitario, sino por las condiciones mismas en las que se dan esas discusiones: un paro estudiantil prolongado, mesas de trabajo tensas y una autoridad que, a pesar de su formalidad, enfrenta una evidente fragilidad en su proceso de negociación, pues por casi 50 años logró una estabilidad en el proceso sucesorio que acumuló tensiones y malestar en la comunidad universitaria
En días recientes, la Asamblea Universitaria, conformada por autoridades y representaciones de la comunidad, ha aprobado la reforma del artículo 100. Entre los cambios acordados destacan:
- El Consejo Universitario designará, y ya no elegirá, a la persona titular de Rectoría.
- El texto adopta lenguaje inclusivo, sustituyendo “Rector o Rectora” por “persona titular de Rectoría”. - El voto deja de considerarse como el de la “comunidad universitaria” en abstracto, y pasa a ser “por cada sector de la comunidad universitaria”, reconociendo formalmente su composición diferenciada.
Este ajuste es solo uno de varios que se han discutido en sesiones de más de nueve horas en el Patio Central de Rectoría. También se han abordado los artículos 101, 102 y 103, aunque otros siguen pendientes (como el 12, 43, 104, 105 y 111). Mientras tanto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha logrado acuerdos específicos para concluir el semestre, eliminando requisitos de asistencia mínima y habilitando evaluaciones en formatos más accesibles.
Pero más allá de las modificaciones al texto, lo que está en juego es el rumbo institucional de una universidad pública que ha sido puesta en entredicho. La falta de reconocimiento explícito hacia la persona que encabeza la Rectoría no es un dato menor: erosiona la interlocución y limita el alcance real del diálogo. Sentarse en mesas sin reconstruir primero los puentes de legitimidad puede terminar convirtiendo la política universitaria en una administración del conflicto, no en una solución de fondo.
Las universidades públicas existen para garantizar el derecho a la educación superior, democratizar el conocimiento y generar pensamiento crítico. Cuando sus propios procesos se perciben como cerrados, verticales o ajenos a su comunidad, se vulnera su misión esencial. La reforma del Estatuto puede ser una oportunidad para abrir cauces reales de participación y volver a colocar el interés público en el centro del proyecto universitario.
Pero si las reformas no son acompañadas de voluntad política y reconocimiento mutuo, corren el riesgo de ser percibidas como maniobras cosméticas. Hoy más que nunca, la UAEMéx necesita más que reformas administrativas: requiere un acto de reinvención institucional, donde el diálogo no sea una concesión, sino un principio.
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