Somos los campeones mundiales de reformas electorales; así lo muestra el primer periodo de apertura de nuestro proceso político que inició en los setenta, en 1977 para ser más específico. Esa reforma dio pauta a un proceso de apertura gradual que una corriente de teóricos bautizó como gradualismo. Esta liberalización ocurrió entre los setenta y los ochenta, hasta que se forma el Frente Democrático Nacional en 1987 y llega el consabido resultado del 88, acusado como fraude electoral y conocido como la caída del sistema.
El entonces partido en el poder, el PRI, impulsó después una nueva reforma, considerada regresiva, en 1990–1991. Esta reforma impidió básicamente las candidaturas comunes; tras el avasallador resultado con el aparente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, la suma de esos partidos fue sancionada. Así, cada partido tendría que competir por separado o bien crear uno nuevo.
La idea del frente quedó abortada. Años después, el país enfrentó episodios decisivos: el asesinato de Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994, y la crisis económica de diciembre de 1995. Esto produjo un país convulso y con triunfos locales de la oposición que generaron nueva atención política y abrieron paso a otra reforma, la que Ernesto Zedillo bautizó como la reforma definitiva.
No hay que perder de vista que en ese periodo México buscaba consolidar su inserción internacional. No solo con el Tratado de Libre Comercio en 1994, sino también con el acuerdo con la Unión Europea, donde se estableció la llamada cláusula democrática. Esto impulsó reformas constitucionales y en el Poder Judicial. En ese contexto se crean figuras como la acción constitucional y el juicio de inconstitucionalidad, mecanismos que permitieron a la oposición y a los partidos minoritarios contar con herramientas de defensa frente al poder.
En este marco llega la reforma de 1996, a la que debemos la arquitectura actual del sistema electoral. Pero, como siempre, los partidos en la oposición buscan nuevos mecanismos para acceder al poder, mientras quienes lo detentan intentan regularlo. Esto puede ocurrir gradualmente, como en los setenta, o mediante procesos de consolidación como el que hoy se discute rumbo a 2026.
Ahí se abren dos vías: que sea el voto quien determine las nuevas mayorías —aunque hoy algunos lo cuestionen— o la vieja tentación, muy mexicana, de que quien tiene el poder diseñe la arquitectura institucional para conservarlo por más tiempo.
Desde mi perspectiva, las reformas siempre son una oportunidad para mejorar el sistema. Son los resultados los que permiten juzgarlas, y esos resultados pasan inevitablemente por el peso de los electores. No creo en la idea de acuerdos en lo oscurito donde las cúpulas deciden quién gana y quién pierde.
Mi experiencia en órganos electorales y en la actividad política me permite sostener que gana quien obtiene más votos. Después podrá evaluarse la calidad de la elección y la posible influencia de factores externos. Pero en un país urbanizado como México, donde más del 80 por ciento de la población vive en zonas urbanas y metropolitanas, la manipulación electoral del pasado es cada vez más difícil.
Hoy el comportamiento electoral está marcado por otros factores: el uso de las redes, la comunicación política y el manejo de las emociones en campañas dirigidas por asesores especializados.
Por eso habría que ser prudentes antes de descalificar una reforma como la que hoy se discute. Primero, porque aún no se vota y en el proceso pueden surgir modificaciones si hay negociación y apertura; o incluso podría caerse si no cuenta con el apoyo de quienes antes fueron aliados del partido en el poder.
Conviene recordar que el largo camino de la transición mexicana, que muchos pensaban cerrado con la reforma de 1996, continuó con el triunfo del PAN en el año 2000 y después con la llegada de Morena en 2018. Al final, esto no es más que un episodio adicional en la evolución política del país.
Casi medio siglo después de la primer reforma democratizadora en el país, los fantasmas siguen siendo los mismos; desconfianza entre actores políticos; partidos políticos inmaduros y ejercicio del poder con rasgos autoritarios. Los cambios no los producen las reglas o no únicamente. Ahora influye cada vez más, un comportamiento electoral complejo y cambiante que la mayoría de los dirigentes políticos y buena parte de la academia que aún no alcanzamos a entender.
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