En días recientes, el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. Los datos muestran una mejora en el ingreso promedio de los hogares mexicanos respecto a 2016, impulsada principalmente por el aumento al salario mínimo y la expansión de programas sociales. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo una marca profunda en el modelo de desarrollo nacional.

El ingreso corriente promedio mensual por hogar se ubicó en 25,955 pesos, lo que representa un aumento de 10.6 % respecto a 2022. Pero al desagregar la información por deciles —es decir, agrupando a los hogares del 10 % más pobre al 10 % más rico—, el panorama cambia radicalmente.

En el primer decil, los hogares perciben en promedio 5 598 pesos mensuales, mientras que en el décimo decil los ingresos ascienden a 78 698 pesos. Esto significa que las familias con mayores ingresos ganan 14 veces más que las de menores recursos. Además, el décimo decil concentra el 30.3 % del ingreso nacional total, mientras que el primero apenas el 2.2%.

Aunque en 2016 la brecha entre el primer y el décimo decil era de 21 veces, y hoy se ha reducido a 14 veces, la desigualdad sigue siendo estructural, pues continúa reflejando una concentración desproporcionada de los ingresos en los hogares más ricos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2025).

Las diferencias se agudizan cuando se analiza el ingreso en grupos vulnerables. Las personas con discapacidad perciben en promedio 6,927 pesos mensuales, muy por debajo de la media nacional. Quienes pertenecen a pueblos indígenas o hablan lengua indígena ganan todavía menos: 7,439 pesos (26% menos que el promedio) y 5,688 pesos (43% menos), respectivamente.

La edad y la escolaridad también son determinantes. Las personas entre 40 y 49 años tienen los ingresos más altos, con 12,818 pesos mensuales por persona. Por nivel educativo, quienes cuentan con posgrado superan ampliamente los ingresos de quienes solo tienen primaria: 31,584 pesos contra 5,345 pesos, respectivamente.

El componente regional añade otra capa de desigualdad. En Nuevo León, el ingreso promedio mensual por hogar alcanza 39,678 pesos y en la Ciudad de México, 36,000 pesos, mientras que en Guerrero es de 16,000 y en Chiapas apenas 13,000 pesos.

Estos datos permiten observar dos fenómenos. Por un lado, el avance en términos de ingresos promedio, producto de políticas como el aumento salarial y la ampliación de programas de transferencias. Por otro, la persistencia de enormes distancias entre regiones, grupos sociales y niveles educativos, que exigen un diagnóstico detallado y políticas públicas específicas, orientadas por región, municipio y vocación productiva. El reto no es menor: ¿quién puede realmente sostener a una familia con 5,000 pesos mensuales? Reducir esta brecha requiere ir más allá de los promedios y mirar las realidades locales. El país necesita un diseño de política social y económica que, además de atender las urgencias, corrija las causas estructurales que perpetúan la desigualdad.

Esta realidad no es nueva. La distancia entre el primer y el décimo decil no surgió en los últimos años, sino que es el resultado de una brecha de desigualdad que se ha perpetuado y, en muchos casos, ampliado a lo largo de décadas. Las políticas económicas, los modelos de desarrollo centralizados y la concentración de oportunidades en ciertos territorios han profundizado las diferencias en ingresos, consolidando un país donde el punto de partida determina en gran medida las posibilidades de progreso y movilidad social. Así, no se trata únicamente de una diferencia estadística, sino de un entramado estructural que condiciona el acceso a educación de calidad, empleos bien remunerados y condiciones de vida dignas.

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