En la economía política hay una máxima infalible: nunca gastes más de lo que recaudas. Según el reporte de la SHCP, se calcula que nuestro gobierno tendrá que adquirir nueva deuda para financiar el gasto público. Lo más preocupante no es el crecimiento del déficit (55% del PIB), ya de suyo complejo de entender si tomamos en cuenta que la mayoría de los países con economías similares a la nuestra tienden a tener déficits altos.
Sin embargo, especialistas como Raúl Feliz (CIDE) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) plantearon en un análisis que, desde 2009, existe un desequilibrio presupuestario, ya que el gasto público ha estado por encima de la capacidad recaudatoria del Estado. “Esta situación está enmarcada en ingresos petroleros decrecientes, así como en mayores gastos en pensiones, transferencias a Pemex y costos de la deuda”.
Precisaron que, de 2009 a 2026, el costo de la deuda pasó de 2.1 billones de pesos (a precios de 2026) a 4.1 billones, lo que representó un aumento real de 95.2 %. Desde 2015, el pago de comisiones e intereses por contratar deuda se convirtió en un gasto mayor al destinado a educación pública.
El mayor problema es que, a la tensión pública que deriva de la polarización, para la oposición al gobierno el crecimiento del déficit endeudará innecesariamente a nuevas generaciones de mexicanos, mientras que, para el grupo en el poder, dicha práctica es sostenible si el país mantiene una economía con niveles de inversión modestos, pero crecientes. En el fondo, la apuesta es muy clara. Sin esa inyección de recursos, ni los programas sociales ni la respiración artificial que mantiene con vida a Pemex serían posibles, electoralmente, la apuesta ha mostrado ser la principal estrategia de la 4T, pero más temprano que tarde la realidad nos alcanzará y cualquier “catarrito” de la economía internacional nos pondría en serios predicamentos. Pero así somos los mexicanos: empeñamos hasta los sartenes para salir de vacaciones de Semana Santa y “luego ya Dios dirá”. Aunque no estoy tan seguro de que el gobierno pueda sostener tal nivel de incertidumbre.
Hace décadas, un dilema similar llevó al presidente en turno a señalar que la política económica se dictaba desde “Los Pinos” y hoy parece que desde Palacio Nacional. Así se dejó sentir con la reciente decisión del Banco de México de bajar la tasa de interés, a efecto de que “los particulares y el gobierno puedan adquirir préstamos más favorables”, condición que rebasa su mandato constitucional establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, mantener la inflación baja y estable.
Aunado a lo anterior, este año se prevé que el endeudamiento supere el monto autorizado por el Congreso para sacar adelante el gasto público. A nadie debería extrañar que la gente se endeude para salir de vacaciones, pero no estoy tan seguro de que esa práctica sea sana para el gobierno que gasta más de lo que genera e invierte poco en el crecimiento económico. Diría un columnista en los años 80: “sería mejor primero invertir en las personas, para que luego ellas puedan invertir para que las cosas crezcan”. Mantener artificialmente a Pemex, lo mismo que otros proyectos que han fracasado, puede evidenciar disciplina partidaria a la herencia del tlatoani, pero está complicando mucho la viabilidad de este gobierno. Y recordemos que el voto pasa hoy por dos resortes fundamentales: el bolsillo y el estómago. Del primero ya hay signos desalentadores y, del segundo, los mismos que califican alto a la presidenta reprueban al gobierno en el tema de seguridad y, paradójicamente, en el combate a la corrupción; sí, aquel mantra que los trajo al poder.
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