En el pasado, muchas decisiones empresariales comenzaban con una pregunta sencilla: ¿qué está pasando en el mercado?
Hoy, esa conversación suele iniciar de otra forma: ¿qué cambió en la ley?
En 2025, el Congreso de la Unión aprobó cerca de 19 reformas constitucionales y más de 40 nuevas leyes. No se trata solo de cifras legislativas; se trata del nuevo entorno en el que operan empresas, instituciones y mercados. Cada reforma redefine incentivos, ajusta obligaciones y modifica las reglas del juego.
La intensidad del cambio regulatorio se ha vuelto una constante en los tres órdenes de gobierno. Las disposiciones en materia laboral, fiscal, ambiental y económica evolucionan con mayor frecuencia, obligando al sector productivo a reaccionar con rapidez y rigor técnico. La regulación dejó de ser un elemento externo: hoy es un componente estructural de la estrategia empresarial.
Sin embargo, el debate público suele quedarse en el número de reformas aprobadas. Pocas veces se analiza lo que verdaderamente importa: cómo impactan en la operación cotidiana, en la planeación financiera, en la contratación de talento, en la inversión y en la competitividad de largo plazo.
En los últimos meses, la discusión legislativa ha tocado prácticamente todos los ejes relevantes para la actividad económica. Estas modificaciones pueden abrir oportunidades, mayor certeza jurídica, modernización de mercados, alineación con estándares internacionales, pero también implican costos de transición y ajustes operativos que no todos los sectores pueden absorber con la misma facilidad.
El Estado de México ofrece una radiografía clara de este fenómeno. Como segunda economía del país, con una aportación cercana al 9.1 por ciento del PIB nacional y más de 816 mil unidades económicas, suele anticipar dinámicas que después se replican en otras regiones. Su composición empresarial, integrada en un 99.7 por ciento por micro, pequeñas y medianas empresas, hace que cualquier modificación normativa tenga un efecto amplificado.
En una entidad donde la informalidad aún supera el 57 por ciento, el reto es evidente: evitar que la regulación se convierta en una barrera adicional para quienes buscan formalizarse, crecer o mantenerse competitivos. Sectores como alimentos, bebidas, manufactura, logística y comercio enfrentan una doble exigencia: cumplir nuevas disposiciones mientras sostienen márgenes en un entorno sensible a precios e inflación.
Aunque el proceso legislativo contempla mecanismos de consulta, con frecuencia resultan insuficientes frente a la complejidad técnica de los temas. La participación de cámaras empresariales, academia y colegios de profesionales no siempre se traduce en una incorporación sustantiva de conocimiento especializado al diseño normativo.
Cuando esa articulación se logra, la política pública gana legitimidad y viabilidad. La Ley General de Economía Circular lo ilustra con claridad: más que una disposición ambiental, propone una nueva lógica de corresponsabilidad entre Estado, industria y sociedad. El desafío ya no es exclusivamente regulatorio; es de coordinación, gobernanza y visión compartida.
La conversación de fondo no es si las empresas deben cumplir, eso es incuestionable, sino cómo construir marcos regulatorios que sean técnica y económicamente implementables. Regular sin comprender la operación puede ser tan costoso como operar sin entender la regulación.
En el entorno actual, el sector privado deja de ser observador y se convierte en interlocutor. La relación con la autoridad requiere mayor anticipación, diálogo temprano y una visión orientada a resultados medibles.
La regulación ya no es una carga administrativa aislada. Es una variable que incide directamente en la inversión, reputación, permanencia y competitividad. Cuando dialoga con la realidad económica, se convierte en dirección estratégica.
En el México de hoy, comprender esta transición no es opcional.
La diferencia no estará entre quienes cumplen y quienes no.
Estará entre quienes reaccionan y quienes participan.
Porque cuando la regulación entra a la sala de juntas, no sólo redefine obligaciones.
Define el tipo de país que estamos construyendo y en el que decidimos invertir, producir y crece.
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