Hay una calma artificial en pensar que estamos preparados. Nos acostumbramos a ensayar simulacros, a medir los segundos que da la alarma sísmica y a asumir que, tras la sacudida, el Estado resolverá los destrozos, si estos existen. La experiencia de los sismos de 2017 dejó una fisura expuesta: México responde rápido en las primeras horas, pero se paraliza cuando llega el momento de reconstruir.
Los eventos recientes en la región recuerdan la crudeza de esta realidad. Los intensos sismos registrados en lo que va del año en Venezuela, Colombia, Perú, sin restar importancia al resto de las latitudes del mundo también afectadas,confirman que para estos eventos no existen condicionantes.
Estos desastres demostraron que en minutos se pueden generar pérdidas millonarias que destrozan economías regionales y superan cualquier previsión ordinaria. Frente a esa escala de destrucción, la pregunta incómoda es inevitable: ¿está México financieramente listo para soportar un golpe similar en sus zonas de mayor valor económico, o dependemos de la improvisación?
Desde la administración pública federal, la respuesta exige una mirada de análisis. La extinción del FONDEN retiró la única bolsa centralizada de dinero líquido, etiquetada y con reglas operativas claras para la reconstrucción profunda.
El esquema actual destina bolsas presupuestales para desastres que este año rondan los 19 mil 400 millones de pesos según el Presupuesto de Egresos de la Federación, complementados con la renovación del Seguro para Catástrofes por 10 mil 400 millones de pesos y coberturas de bonos de riesgo operados, ambos, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los alcances del seguro son en todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta, con vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027; se integra con dos componentes: un Fondo de Administración de Pérdidas y un seguro paramétrico, diseñado para garantizar una respuesta financiera oportuna ante catástrofes de alta severidad. La empresa aseguradora es Agroasemex, S.A.
Sin embargo, estos instrumentos son solo un amortiguador inicial: pagan montos fijos bajo parámetros estrictos de magnitud y ubicación. Sirven para inyectar liquidez inmediata a las Fuerzas Armadas en las primeras fases del Plan DN-III-E, pero resultan insustanciales frente a la reconstrucción masiva de carreteras, hospitales, escuelas y miles de viviendas.
Para las entidades federativas, con la desaparición de los esquemas de corresponsabilidad de pago donde la Federación aportaba un porcentaje y los estados otro, las finanzas locales quedaron endebles en esta materia.
La mayoría de los estados en zonas sísmicas de alto riesgo (como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán o Puebla) operan con presupuestos exhaustos, altamente dependientes de las participaciones federales y con escaso margen de maniobra fiscal. Salvo contadas excepciones con partidas locales acotadas como el Estado de México o la Ciudad de México, casi ninguna entidad federativa cuenta con fondos de reserva ni pólizas de seguro propias para reparar infraestructura pública masiva.
Si un terremoto destruye la infraestructura de un estado del sur o centro del país, la administración estatal promedio no tiene capacidad de respuesta organizacional ni financiera para salir adelante por sí misma. Su única vía de supervivencia sería suplicar reasignaciones presupuestales de emergencia al Ejecutivo Federal.
Las lecciones de 2017 lo comprueban: la reconstrucción quedó varada durante años entre la burocracia, censos duplicados, opacidad, falta de transparencia y ausencia de flujo constante de efectivo.
En el escenario de una nueva catástrofe mayor, la combinación de partidas federales limitadas y finanzas estatales prácticamente desprotegidas crearía un cuello de botella letal. Agotados los fondos de emergencia y cobrados los seguros paramétricos, el Estado mexicano tendría solo dos alternativas: lastimar otros rubros del gasto público (salud, educación, desarrollo social) o contraer deuda pública de emergencia para financiar la reconstrucción a largo plazo.
La prevención financiera no consiste en confiar que el Ejército reparta despensas ni en poseer pólizas que pagan una fracción de la tragedia. Exige una arquitectura institucional federalista que reparta responsabilidades y garantice recursos transparentes a estados y municipios. Hasta que las entidades federativas no cuenten con mecanismos de aseguramiento real y fondos de reserva propios, la temporada de sismos no solo amenaza con derribar inmuebles, sino con fracturar por completo las finanzas de todo el país.
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