La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en el centro de un debate que trasciende lo estrictamente técnico-jurídico y toca los cimientos de la estabilidad y la seguridad procesal en el país, aunado a los sesgos políticos para incidir en decisiones, públicas y privadas, adoptadas en tiempos pasados.

La reciente propuesta para revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia firme, es decir, el replantear los alcances del principio de cosa juzgada, ha generado una oleada de preocupación sobre el rumbo que tomará la interpretación jurídica desde la nueva integración del Tribunal Constitucional.

La iniciativa para dejar de observar la inmutabilidad de la cosa juzgada surge, principalmente, del ala de ministros que buscan un enfoque de justicia social y que, en su visión, debe corregir errores o actos de "cosa juzgada fraudulenta". La ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido una de las voces clave al proponer la necesidad de legislar mecanismos que permitan anular sentencias firmes obtenidas mediante fraude procesal.

Esta postura se alimenta del argumento de que el derecho de acceso a la justicia plena debe prevalecer sobre la rigidez de la seguridad jurídica, especialmente cuando se acreditan violaciones graves al debido proceso o se configura un engaño que privó a una de las partes de la justicia material.

La esencia del principio de cosa juzgada es la certeza y la paz social que se logra cuando un litigio ha concluido de manera definitiva. De este modo, la propuesta de revisar sentencias firmes implica una colisión directa entre dos pilares del Estado de Derecho: seguridad jurídica y acceso a la justicia definitiva.

La posibilidad de reabrir juicios firmes socava la certeza de que un derecho adquirido o una obligación extinguida tras una sentencia final es inamovible. Al permitir que una sentencia firme se anule, se introduce una incertidumbre sistémica. Frente a este planteamiento, surge la posición de los defensores del cambio, quienes argumentan que la seguridad jurídica no puede ser un escudo para la injusticia. Si se comprueba que una sentencia fue el resultado de un fraude, la única manera de garantizar la justicia completa es anular esa decisión.

Desde el punto de vista constitucional, una apertura amplia a la revisión de la cosa juzgada requeriría, en principio, una reforma constitucional o, al menos, la creación de un medio de control específico (como una acción de nulidad de juicio concluido por fraude) que regule de manera estricta los supuestos de excepción, evitando que la Corte actúe como una cuarta instancia, instancia de excepción, etc., que revise asuntos ya juzgados.

Para el sistema jurídico mexicano, esta medida representa un riesgo de inestabilidad sin precedentes. La cosa juzgada es el mecanismo que permite a las mexicanas y mexicanos confiar en el Poder Judicial. Si esta posibilidad prospera, se incentivarían contextos de pérdida de confianza si las sentencias finales pueden ser revocadas al cuestionar la litigación seria y promover una interminable pugna judicial.

Asimismo, se perfilaría un aumento de la carga procesal pues al abrir esta puerta podría inundarse al Poder Judicial con solicitudes de revisión de asuntos que ya habían sido considerados terminados. Por otro lado, la acción podría interpretarse como una voluntad de la nueva integración de la Corte para ejercer un poder de corrección por encima de los criterios previamente establecidos, creando un ambiente de imprevisibilidad.

La discusión sobre este punto se ha dado en torno a un amparo directo en revisión que buscaba anular un juicio mercantil concluido por presunto fraude procesal, siendo la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien presentó el proyecto.

La propuesta de revisar el criterio fue respaldada por un bloque mayoritario de la Corte, incluyendo al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Lenia Batres Guadarrama, quienes argumentaron que la seguridad jurídica se ve vulnerada cuando la cosa juzgada se alcanza mediante un fraude. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para fijar el precedente, por lo que se determinó presentar una nueva propuesta.

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se posicionó tajantemente en contra de la medida. Argumentó que la Corte debe concentrarse en los muchos temas pendientes y no en revertir asuntos ya concluidos, enfatizando que una acción de este tipo carecería de sustento y desviaría la función constitucional del máximo tribunal.

Si hay un destinatario que reflexiona con preocupación esta posibilidad, sin duda es el sector empresarial que, a través de estos nuevos debates en el Pleno de la Corte, observa con sensibilidad su garantía de seguridad jurídica, pues esta es la base sobre la que se construyen las inversiones, los contratos y las operaciones comerciales.

Para las empresas, la cosa juzgada es esencial en materia fiscal, mercantil y administrativa. La posibilidad de reabrir sentencias firmes generaría una parálisis en la toma de decisiones y en la ejecución de contratos millonarios, pues lo que hoy es un fallo a su favor, mañana podría ser revocado.

Por otro lado, la inversión extranjera directa busca países con reglas claras y un Poder Judicial confiable. La ruptura del principio de cosa juzgada sería percibida por los inversionistas como una señal de alerta máxima, al diluir la garantía de la propiedad y la certeza sobre el resultado de cualquier litigio futuro.

Las empresas tendrían que provisionar mayores recursos para litigios interminables, ya que el riesgo de reapertura de un caso requeriría mantener la atención legal activa indefinidamente.

La decisión de la Corte sobre este tema no solo será una cuestión que explore una nueva forma de interpretación jurídica, sino una declaración política sobre la prioridad que el Estado mexicano le da a la certidumbre legal frente a la búsqueda de una justicia idealizada.

El desafío para la reciente integración de nuestro máximo tribunal es encontrar un equilibrio constitucional que permita abatir el fraude procesal sin dinamitar la estabilidad jurídica del país, un balance que parece cada vez más difícil de lograr en temporada de revanchismo institucional y señalamiento de particulares.

@jorge.dasaev

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