Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso sobre la mesa la posibilidad de gravar las herencias y legados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque la propuesta en la Corte surgió al hilo de si las Afores de trabajadores fallecidos debían pagar impuestos, idea que afortunadamente fue rechazada por la mayoría de los ministros para no impactar al ahorro popular, el debate de fondo quedó abierto.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina aseguró que su gobierno se alejaba de la posibilidad de formular un planteamiento de esa naturaleza y que difería de la interpretación que realizó la ministra Lenia Batres en el pleno de la Corte.
Para entender el debate, la realidad en México es muy clara: las herencias y legados están exentos del pago de ISR. Así lo establece el artículo 93, fracción XXII de la Ley del ISR. Si mañana existe el beneficio de recibir dinero o una propiedad de un familiar que falleció, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no quitará un porcentaje de ese valor por el simple hecho de recibirlo.
Que esté exento de ISR no significa que el trámite sea gratis. Para que la transmisión de bienes surta sus efectos, tienen que agotarse dos ventanillas: a) el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, que afecta entre el 2% y el 4.5% del valor de la propiedad y b) los gastos notariales: escrituras, avalúos y honorarios del notario; es decir, heredar una vivienda conlleva el pago de ciertos trámites, por lo que la suma de un impuesto federal como el ISR habría sido, simple y sencillamente, volver la herencia un lujo incosteable.
Quienes defienden la idea de gravar las herencias, como algunas organizaciones civiles de justicia fiscal y la propia ministra Batres, no lo hacen (según ellos) para afectar a la ciudadanía, sino bajo la bandera de combatir la desigualdad extrema.
Se argumenta también una reconfiguración en la distribución de la riqueza, pues al ser México un país de enormes brechas; gravar fortunas multimillonarias evitaría la acumulación dinástica del dinero.
Otro punto clave en el debate es incentivar una mayor recaudación fiscal dado que el Estado mexicano recauda poco en comparación con otros países que sí tienen activo este impuesto. Sin embargo, el dinero de esa herencia ya pagó ISR cuando la persona lo ganó en vida. Cobrarlo de nuevo es un doble castigo al esfuerzo.
Para el ciudadano común, la sola idea de un impuesto a la herencia se siente como una traición. En un país con salarios promedio bajos, adquirir una vivienda es una hazaña que toma 20 o 30 años de hipoteca. Pensar que, al morir, el Estado se va a presentar como un "heredero incómodo" a reclamar una porción de lo que ya pagó impuestos durante décadas genera una profunda desconfianza.
Si se aprobara un impuesto generalizado a las herencias, el impacto social sería desastroso: muchas familias de ingresos modestos tendrían que rechazar los bienes objeto de herencias o legados porque no existiría liquidez para pagar el impuesto al SAT para poder adjudicárselas. El patrimonio familiar quedaría en el limbo de la informalidad legal.
Si de verdad se quiere hablar de una reforma fiscal progresiva y justa, el camino no es asaltar las cuentas de Afore de los fallecidos ni ponerle trabas al esfuerzo familiar. Por fortuna, la sensatez se impuso en la Corte esta vez, y el freno presidencial deja el tema congelado por ahora. El punto pendiente ahora está en la cancha de los legisladores.
@jorge.dasaev
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