En días recientes se ha posicionado con fuerza la idea de una iniciativa legislativa que busca adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidencia de la República, original y constitucionalmente programada para 2028 y entonces crear las condiciones para realizarla de forma temprana en las elecciones intermedias de 2027. Esto va más allá de una simple percepción jurídica, se trata de una propuesta que se envuelve en dos argumentos aparentemente irreconciliables: la austeridad republicana y la conveniencia electoral.
El argumento central expresado por los promotores de la reforma es la reducción de costos. Al coincidir el ejercicio de revocación de mandato con la "mega jornada electoral" de 2027 (donde se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales), se plantea que se aproveche la misma infraestructura, las mismas casillas y el mismo personal del Instituto Nacional Electoral.
La lógica parece simple: si la ciudadanía ya acudirá a las urnas para elegir a sus representantes, incluir una boleta adicional para la revocación de mandato, eliminaría la necesidad de destinar miles de millones de pesos a un ejercicio de participación ciudadana en 2028.
Este enfoque resuena con la narrativa de la austeridad republicana al que ha dado continuidad la actual administración al buscar justificar cambios operativos en función de un supuesto ahorro presupuestal. Si bien es innegable que conjuntar procesos electorales puede generar economías de escala en la logística, este argumento oculta una dimensión mucho más compleja y potencialmente dañina para la limpieza del proceso electoral.
Es en el flanco opositor donde se levantan las alertas sobre el verdadero móvil de la propuesta: la ventaja electoral para el partido en el poder que le aportaría la figura presidencial al aparecer en la boleta electoral en 2027.
La presencia de la titular del Poder Ejecutivo en la elección intermedia masiva, aunque sea indirectamente a través de la pregunta de revocación de mandato, tiene un efecto innegable y poderoso: moviliza a las bases de apoyo y centra la atención mediática en la investidura presidencial y los efectos de este contexto para el partido mayoritario.
Instancias de análisis electoral y partidos políticos de oposición han advertido que esta coincidencia crearía un efecto de "propaganda de acompañamiento" o "efecto arrastre". Al acudir a votar a favor de que el mandato no sea revocado, la ciudadanía se sentiría indirectamente incentivada a votar también por las candidatas y candidatos a diputaciones, gubernaturas y demás cargos locales, impulsando artificialmente las candidaturas en disputa hacia un efecto arropador, particularmente para aquellos territorios en donde los funcionarios que actualmente los dirigen, ante la evidencia pública, no lo han hecho nada bien.
El mecanismo de revocación de mandato, tal como fue concebido en la Constitución, es un instrumento de control ciudadano, un cheque y balance contra la pérdida de confianza. Su virtud reside en su capacidad de ser un referéndum sobre el desempeño, desvinculado de las lógicas partidistas de una elección constitucional. Adelantarlo y mezclarlo con la contienda intermedia lo despoja de la neutralidad de su regulación y lo convierte en una herramienta de movilización política con fecha oportuna.
El fondo del asunto no es si se puede ahorrar dinero, sino si se deben alterar las reglas del juego democrático para favorecer a una facción. La Constitución vigente prevé la revocación de mandato para el periodo 2024-2030 a la mitad del mismo, lo que, en el actual sexenio, la sitúa en 2028. Cambiar esta fecha por una ley secundaria o una reforma constitucional con una justificación de ahorro, justo cuando coincide con un proceso electoral crítico para la renovación del Congreso y 17 gubernaturas, es visto por muchos como un intento de utilizar la ley para obtener una ventaja asimétrica.
Si el verdadero espíritu de la revocación de mandato es la rendición de cuentas, esta debe ocurrir en un ambiente lo más neutral posible. Al insertarse en el calor de una campaña electoral, la discusión sobre el desempeño presidencial se funde y se confunde con la batalla por los cargos, desnaturalizando el ejercicio y politizando una figura que debería ser esencialmente ciudadana.
La propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027 es un movimiento de ajedrez político que exige un escrutinio profundo. Mientras se fortalece la retórica de la austeridad, la preocupación legítima atiende a reflexionar sobre la existencia de una superelección diseñada para maximizar la movilización del voto leal y garantizar triunfos electorales por un efecto cascada, bajo el pretexto de no gastar.
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