Hace tres días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso frente a la ciudadanía en México un espejo incómodo pero necesario. El diagnóstico titulado "Informe sobre Desapariciones en México 2026" no es solo un documento técnico; es la radiografía de una herida sistémica que acumula ausencias humanas con marcada tendencia a normalizarse día con día. Mientras hay discursos que intentan matizar cifras, la realidad internacional nos recuerda que en México la desaparición no es un evento del pasado, sino una crisis humanitaria del presente.
El informe de la CIDH es ambicioso y profundo. No se limita a la foto del momento; realiza un diagnóstico que abarca desde los años 70 y 80, hasta la explosión de violencia iniciada en 2006 con la llamada "Guerra contra el Narcotráfico".
Lo más relevante para el ciudadano es que el análisis contempla de forma crítica las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el periodo de Andrés Manuel López Obrador y un lapso muy pequeño en los meses de transición con el actual gobierno. El informe subraya que, aunque las estrategias han cambiado, el resultado (la ausencia de familiares) persiste con una inercia aterradora.
A nivel territorial, la CIDH aclara que el diagnóstico presentado es de carácter nacional, pero no omite señalar entidades federativas donde el horror parece haberse normalizado: Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y el preocupante "Corredor del Pacífico" (Nayarit, Colima y Sinaloa).
Con datos cortados a inicios de 2026, la CIDH destaca 128 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas oficialmente, así como una emergencia forense con más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, es decir, se tienen los cuerpos, pero no se sabe (o no se puede) decir quiénes son.
El diagnóstico identifica que ya no solo desaparecen hombres jóvenes por el crimen organizado; hay un aumento alarmante en la desaparición de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y migrantes en tránsito.
La CIDH involucra a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), las Comisiones Nacional y Locales de Búsqueda, y el Sistema Nacional de Búsqueda. Entre sus recomendaciones principales sugiere:
La réplica del Gobierno de México ante la publicidad del diagnóstico ha sido defensiva. Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) manifestaron su disposición al diálogo, la respuesta oficial se centró en visibilizar la creación de instituciones y plataformas digitales, argumentan que la crisis es una herencia que se está atendiendo.
El sector académico ha recibido el informe como una validación de sus investigaciones, señalan que la impunidad estructural mencionada por la CIDH es el combustible de las desapariciones. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, por su parte, especialmente los colectivos de familias han abrazado el documento como un escudo internacional ante lo que consideran un abandono institucional.
Según la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025 del INEGI, la confianza en las policías estatales y municipales apenas ronda el 46% de aceptación, y los Ministerios Públicos siguen siendo percibidos como agujeros negros en la procuración de justicia; un elemento adicional que ralentiza los procesos de búsqueda desde el aparato gubernamental y que es directamente proporcional a la incredulidad de la ciudadanía al momento de solicitar un acompañamiento institucional.
El informe de la CIDH no es un ataque internacional a la soberanía. Es un ejercicio crítico y una alerta desde el análisis necesario (por duro que sea), que expresa que no basta con registrar tragedias, hay que detenerlas. El documento concluye con un listado de 40 recomendaciones internacionales que pretenden accionar y mitigar una realidad cruda, porque cada cifra en este reporte tiene un nombre, una familia y un vacío que el Estado aún no sabe cómo gestionar.
Consulta el documento: informe_desapariciones_MX_SPA
@jorge.dasaev
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