La libre comunicación de las opiniones es uno de los derechos democráticos fundamentales para la construcción de tolerancia social.
El pasado lunes 25 de mayo, la presidenta de México pronunció una consigna de boicot mediático que quedó enmarcada: "No vean Tv Azteca".
Lo cierto es que dicha expresión, formulada por la titular del Ejecutivo Federal rebasó la frontera de la simple réplica política para adentrarse en un terreno pantanoso: la posibilidad de una inducción estatal del pensamiento y restricción indirecta de las libertades de expresión y acceso a la información.
En un país polarizado, lo que parece una frase estridente de la coyuntura es, en realidad, un síntoma de alarma sistémica bajo la lupa de los derechos humanos.
Para el doctor Sergio García Ramírez, durante su emblemático paso como exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue incisivo al señalar que la democracia participativa no es un acto que se agota en las urnas; es un ejercicio cotidiano que se nutre directamente de la deliberación pública.
García Ramírez acuñó en sus votos conceptualizaciones clave sobre el pluralismo: una sociedad heterogénea requiere que florezcan múltiples opiniones e intereses. La construcción de la opinión pública no se logra mediante el monólogo estatal, sino garantizando que los ciudadanos tengan acceso a un abanico diverso de contenido, disidencias y críticas.
Cuando el poder político descalifica masivamente a un medio de comunicación e invita al apagón cognitivo de la audiencia, socava las bases de esa diversidad indispensable para que el ciudadano decida con autonomía.
El acceso a la información no es un privilegio concedido por el gobierno en turno, sino un derecho garantizado, ya desde algunas décadas atrás, en el artículo 6 constitucional. Paradójicamente, la narrativa de censura cultural u hostigamiento a medios choca con la realidad de las audiencias mexicanas.
De acuerdo con los datos más recientes estructurados por el INEGI en sus mediciones de acceso a la información y confianza institucional, como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ciudadanía mexicana sigue dependiendo de forma masiva de los medios de difusión abierta y digitales para forjar su criterio cotidiano.
Desconectar o vetar moralmente un canal de difusión masivo, violenta el derecho de los sectores más vulnerables a recibir información de fuentes plurales, dejándolos a merced de una única verdad oficial.
La preocupación no es meramente local. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha reiterado en sus últimos informes anuales sobre México un diagnóstico preocupante: el uso del discurso público por parte de altas autoridades para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación incrementa la vulnerabilidad del ecosistema informativo.
La Relatoría ha sido enfática en que:
· El funcionario público tiene un deber de cuidado especial, sus declaraciones cargan el peso del Estado.
· Las restricciones indirectas están prohibidas; presionar u ordenar el boicot a un medio altera la libre circulación de ideas.
· Se genera un efecto amedrentador; el señalamiento inhibe no solo al medio criticado, sino que envía un mensaje de autocensura al resto del gremio periodístico.
Decirle a la población, desde la mañanera del pueblo, qué ver, es grave; sugerirle que deje de pensar es incompatible con una República. Las libertades de expresión e información protegen incluso a aquellas ideas que chocan, incomodan o resultan abiertamente adversas a la narrativa gubernamental.
El debate con las empresas de comunicación (incluida TV Azteca) debe darse en el marco de la ley, la transparencia y el debate argumentativo, jamás desde la descalificación que pretende anular el criterio del gobernado. En una democracia real, el Estado garantiza los canales para que todas las voces se escuchen; corresponde únicamente al ciudadano elegir a quién atiende, a quién le cree y, fundamentalmente, qué quiere consumir y qué decide razonar.
@jorge.dasaev
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