En México, el ejercicio del poder en entidades federativas ha dejado de ser un feudo de impunidad para convertirse en un espacio de señalamientos permanente. En tan solo unos días observamos cómo los mandatarios de Sinaloa, Chihuahua y Baja California, por citar los casos más emblemáticos, enfrentan una presión bidimensional: la de las instituciones jurídicas y la de una opinión pública cada vez más intolerante a la opacidad.
El mapa político mexicano muestra focos rojos donde la gobernabilidad se tensa. En Sinaloa, los señalamientos que vinculan a la administración del gobernador Rubén Rocha Moya con estructuras del crimen organizado, intensificados por solicitudes de instancias internacionales en 2026, han puesto al Ejecutivo estatal en una posición de vulnerabilidad inédita.
Por otro lado, en Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos enfrenta una crisis de soberanía y legalidad tras operativos que involucraron agencias extranjeras sin el debido protocolo federal, sumado a escándalos de enriquecimiento ilícito como la llamada "Mansión Dorada".
En Baja California, aunque el tono es distinto, el escrutinio sobre la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila se mantiene activo ante la necesidad de resultados tangibles en seguridad y transparencia.
Lo anteriores, son solo los últimos gritos mediáticos de una cadena de hechos desafortunados que involucran esa investidura estratégica (la gubernatura) en el federalismo mexicano; en donde secuencias de nepotismo, la búsqueda de ciudadanías a conveniencia por intentar postularse a cargos de elección popular, marcadas negligencias y la posibilidad de configurar los catálogos de responsabilidades administrativas previstas en ley, son una realidad que continúa lastimando la credibilidad en el sistema político. Y aquí, encuentran cabida y mención múltiples estados de la República.
Sin embargo, no todo encuentra solución en la separación del cargo de los funcionarios señalados. Contrario a la creencia popular, en México la titularidad del Ejecutivo de los estados sólo es renunciable por causa grave en términos de las constitucionales locales y bajo las reglas que dispongan las legislaturas respectivas. De esta manera, el diseño legal busca proteger la estabilidad del Estado frente a caprichos políticos o presiones externas.
El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los poderes de los estados se organizan según sus propias constituciones, pero bajo principios generales.
Asimismo, para que un gobernador deje el cargo, debe presentar su renuncia ante la legislatura local, la cual tiene la facultad exclusiva de calificar si la causa es lo suficientemente grave para ser aceptada.
En casos extremos de ingobernabilidad, el Senado de la República puede declarar la desaparición de poderes, un mecanismo de control federal para restaurar el orden constitucional.
Recientes reformas han integrado el mecanismo de la revocación de mandato como una instancia democrática que permite a la ciudadanía remover al mandatario antes de concluir su periodo y trasladar así el poder de despido de las cúpulas a las urnas.
Los recientes acontecimientos en torno a las gubernaturas bajo lupa nos llevan a considerar si ¿son estos escándalos y posibles renuncias una señal de debilidad o de fortaleza democrática?
Para ello, conviene apuntar la célebre teoría de la poliarquía del gran Robert Dahl (1915-2014) o del ideal de una democracia pura, para quien la funcionalidad de un contexto realmente democrático requiere de instituciones que garanticen que los funcionarios públicos sean responsables de sus actos.
Dahl ha planteado que la democracia no es un estado estático, sino un proceso de hacer responsables a los gobernantes. Bajo esta óptica, los acontecimientos actuales podrían interpretarse como una oleada de fortalecimiento democrático que pueden apuntalarse de la siguiente forma:
Sin duda, las gubernaturas de México ya no son espacios de poder absoluto. La lupa jurídica y mediática sobre Sinaloa, Chihuahua, Baja California o alguna otra entidad, no debe verse necesariamente como una crisis del sistema, sino como un síntoma de una democracia que exige limpieza.
La renuncia o remoción de un gobernador o gobernadora, aunque traumática institucionalmente, es preferible al mantenimiento de un pacto de impunidad. Si las instituciones logran procesar estos señalamientos con rigor constitucional, estaremos ante el triunfo de la ley sobre el contubernio estatal.
@jorge.dasaev
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