México le debe mucho al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablemos de recursos humanos y no de sensacionalismos institucionales.
Solo pocas familias no tienen una historia que pase por los pasillos del Instituto bajo el acompañamiento de personal férreo: nacimientos, emergencias, quimioterapias, diálisis o la despedida de un ser querido, por señalar las más recurrentes.
Detrás de esas experiencias hay una plantilla de 511 mil personas, la más grande de la seguridad social en América Latina, para hacer frente a las necesidades de 22.7 millones de trabajadores afiliados. Además, el Instituto es la mayor escuela de medicina del país: hoy forma a cerca de 25 mil médicos residentes en 393 sedes. A ellos se suman internos de pregrado, pasantes de servicio social y estudiantes de enfermería que aprenden el oficio en sus unidades.
Conmueve verlos en la calle. En la segunda semana de este mes, uniformes blancos y verdes han ocupado avenidas, explanadas de hospitales y la fachada del edificio central en Paseo de la Reforma.
Lo que a finales de septiembre eran protestas aisladas de trabajadores activos y jubilados escaló desde el 8 de octubre en plantones, bloqueos y una marcha nacional que coincide con la consulta en la que los trabajadores deciden si aceptan el aumento pactado entre el Instituto y su sindicato.
El detonante fue el salario. La dirigencia del sindicato aprobó un incremento global de 6.8 por ciento, pero sólo 2.9 por ciento llega al salario tabular; el 3.9 por ciento restante se destina a una prestación de ayuda para renta.
La base inconforme reclama alrededor de 10 por ciento, pues considera que lo ofrecido no repara la pérdida de poder adquisitivo. La lista va más allá del bolsillo: abasto de medicamentos e insumos, hay quien compra material con su propio sueldo, cobertura de plazas vacantes, mantenimiento de clínicas, contratación plena de los médicos que ingresaron durante la pandemia, el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y un cambio en la representación sindical.
La geografía del descontento es amplia. A la Ciudad de México y al Estado de México, se sumaron movilizaciones en al menos una veintena de entidades, según los recuentos periodísticos. El gobierno, en cambio, contabilizó el domingo 11 de octubre apenas mil 461 participantes en 12 estados: unos cuentan manifestantes; los otros, agravios.
Las condiciones de fondo explican la tensión. El Instituto presume 109 mil plazas nuevas desde 2019 y un abasto de recetas cercano al 94 por ciento, aunque su propio director admite saturación y faltantes.
La demanda corre más rápido que la oferta: los asegurados pasaron de 20 a casi 23 millones y los pensionados de 4.3 a 6,3 millones. En una sola semana de octubre, el personal sostuvo más de 30 mil cirugías y dos millones de consultas de medicina familiar. Ninguna plantilla resiste indefinidamente esa presión con salarios estancados y anaqueles incompletos.
La presidenta reconoció que hay demandas legítimas, se anunció una revisión de insumos y condiciones en 275 hospitales y la consulta cuenta con observación de la autoridad laboral. Pero no hay que confundir el instrumento con la solución. La votación solo dirime un porcentaje; el retorno al régimen de pensiones exige reformas legales, y la falta de insumos y personal requiere presupuesto, no comunicados.
Proteger a este sector implica tratarlo como inversión y no como gasto: una política salarial multianual de recuperación real, presupuesto blindado para medicamentos e insumos, un calendario público de contratación, una mesa técnica y transparente sobre pensiones, y una vida sindical donde la base se sienta representada.
La pandemia nos enseñó, a un costo altísimo, que el sistema de salud es la primera línea de la seguridad nacional y, ante reclamos humanitarios y muy legítimos, el primer gesto del Estado debe ser el reconocimiento y continuar enseguida con su atención.
@jorge.dasaev
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