Australia ha decidido levantar un muro digital como protección infantil con la reciente aprobación y puesta en marcha de la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age). El gobierno del país oceánico ha inaugurado, contrario a múltiples causas garantistas, un contexto de prohibicionismo tecnológico sin precedentes en una democracia occidental robusta.
Bajo la idea central de salvaguardar la salud mental de la juventud, Australia ha optado por una solución radical a un problema complejo: prohibir el acceso a las redes sociales a todo menor de 16 años. Sin embargo, al indagar el fondo de esta legislación, surge un debate relevante sobre la censura, la privacidad y la vulneración de derechos fundamentales.
La aprobación de esta ley no ocurrió en el vacío. Surge en un contexto social de creciente alarma sobre los efectos nocivos de los algoritmos adictivos, el ciberacoso y los estándares de belleza irreales. El Primer Ministro Anthony Albanese concentró la preocupación legítima de miles de padres, impulsando la norma con una velocidad sin igual que apenas dejó espacio para el escrutinio parlamentario o la consulta con expertos en desarrollo infantil.
Lo que debió ser un debate técnico sobre la regulación de redes sociales se transformó en una decisión política. La narrativa oficial equiparó las redes sociales con sustancias nocivas, soslayando la otra vertiente del contexto que sugiere considerarles también como espacios de aprendizaje, conexión y participación cívica.
Es crucial entender hacia quién apunta el efecto contundente de esta normativa. La ley no criminaliza a los niños ni penaliza a los padres; la responsabilidad y la amenaza de sanción recae enteramente sobre los proveedores de servicios de redes sociales.
Las plataformas enfrentan multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos por infracciones sistémicas. Para evitar estas sanciones, las empresas tecnológicas se ven forzadas a implementar barreras de entrada rígidas. Esto ha derivado en la exigencia de sistemas de verificación de edad que, inevitablemente, requieren la recolección masiva de datos biométricos o identificaciones oficiales, no solo de los menores, sino de todos los usuarios australianos, acabando con el anonimato en la red.
La aplicación de la ley ha generado un ecosistema digital fragmentado y confuso. El bloqueo es total para plataformas "de alto riesgo" como TikTok, Instagram, Snapchat, X (antes Twitter) y Reddit.
En una decisión que muchos críticos identifican como arbitraria, plataformas como YouTube (bajo la consideración de su uso educativo), servicios de mensajería como WhatsApp, y la mayoría de los videojuegos en línea, han quedado fuera del veto.
Esta distinción ignora una realidad básica: el ciberacoso y la radicalización ocurren con la misma frecuencia en los chats de videojuegos o en los comentarios de YouTube que en el mensajero de Instagram.
El punto más crítico de esta legislación y sus alcances políticos de un país libertario como Australia, es su confrontación directa con el derecho internacional. La medida contraviene frontalmente la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 13 (libertad de expresión y derecho a buscar información) y el artículo 15 (libertad de asociación), pues al aislar a los menores del medio digital, el Estado australiano está vulnerando libertades de desarrollo personal.
Pensemos que para muchos jóvenes que viven en entornos domésticos abusivos, las redes sociales son a menudo su único mecanismo de salvación y fuente de comunidad. Cortar este acceso es condenarlos a un aislamiento físico peligroso.
La disyuntiva de esta ley es que, para proteger a los niños, se obliga a las plataformas a crear bases de datos de identidad masivas, convirtiendo a los ciudadanos en objetivos de ciberataques y vigilancia corporativa.
La comunidad internacional observa a Australia con cautela, así mientras gobiernos conservadores y sectores preocupados por la seguridad infantil en el Reino Unido y ciertas latitudes de Estados Unidos de América (como Florida y Texas) ven en el modelo australiano un plan piloto a replicar, en otro escenario, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han condenado la ley al argumentar que crea un contexto digital de irrupciones pues las herramientas de verificación de edad son falibles y fáciles de eludir, empujando a los jóvenes hacia rincones oscuros y menos regulados en la web.
La Online Safety Amendment de Australia pasará a la historia, pero quizás no por las razones que sus autores desearían. Al intentar proteger a la infancia mediante el aislamiento en lugar de la educación, Australia ha optado por la salida fácil. Ha entregado las llaves de la privacidad ciudadana a cambio de una falsa sensación de seguridad. Los menores australianos no estarán más seguros desconectados; simplemente estarán menos preparados para enfrentar el mundo digital que inevitablemente heredarán al cumplir 16 años.
@jorge.dasaev
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