El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Salazar[1], una joven de 21 años que salió en busca de una oportunidad laboral y encontró la muerte en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no es solo una cifra más en la estadística del horror. Es el espejo en el que se refleja la inoperancia institucional, la revictimización y la desconexión entre las leyes que se celebran en el Congreso y la realidad que se vive en las calles de la Ciudad de México.
Mientras la Cámara de Diputados y el Senado avanzan en la aprobación de la Ley General contra el Feminicidio, una reforma constitucional y necesidad histórica que busca homologar el tipo penal y las sanciones en todo el país, el caso de Edith demuestra que el papel resiste procesos, sin embargo, las familias no.
La cronología del caso de Edith es un catálogo de negligencias que contradice cualquier discurso de justicia pronta y expedita. Por supuesto, es una historia de frustración que se glosa al registro de los 721 feminicidios reportados durante 2025 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los 194 informados durante los tres primeros meses del año; números que acompañan la insolente desagregación de homicidios dolosos de mujeres que, legalmente, no son considerados feminicidios y que sumaron 2,074 víctimas al cierre del año pasado.
Para el caso Valdés, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante la desaparición, formuló una respuesta con la burocracia del desdén. La exigencia de esperar 72 horas para iniciar la búsqueda es una práctica obsoleta y violenta que ignora los protocolos internacionales de reacción inmediata. Peor aún, la destitución de tres agentes por pedir dinero a la familia para agilizar la investigación revela una corrupción sistémica que se alimenta del dolor ajeno.
Por su parte, el Ejecutivo de la Ciudad de México, a pesar de los despliegues tecnológicos y de seguridad, fue la propia familia quien, mediante bloqueos en avenida Revolución y la contratación de un investigador privado, forzó a las autoridades a actuar. La falta de acceso inmediato a cámaras de seguridad privadas y la tardanza de cuatro horas para notificar el hallazgo del cuerpo, subrayan una falla de coordinación crítica.
Desde el Gobierno Federal, si bien la Presidencia ha solicitado una investigación científica seria, la realidad es que la violencia feminicida sigue siendo tratada como una crisis de gestión y no como una emergencia nacional.
La Ley General que sigue sin llegar, es un paso necesario para evitar que los feminicidas escapen por lagunas legales estatales, pero carece de poder de ejecución si no viene acompañada de un presupuesto real para la profesionalización de las fiscalías o si continúan los ensayos de simplificación administrativa cuando la realidad del delito supera las capacidades de recursos humanos abreviados.
Ante el agotamiento de los recursos internos o la evidente falta de voluntad del Estado mexicano, la familia de Edith y las organizaciones que las acompañan tienen el derecho de invocar mecanismos internacionales para garantizar que la investigación no quede en la impunidad.
· Los alcances de la Convención de Belém do Pará resultan ser la piedra angular en la región. El artículo 7 obliga al Estado a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Cualquier omisión, como el cobro de cuotas por agentes o el retraso en la búsqueda, constituye una violación directa a este tratado.
· Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) puede recibir quejas individuales. Esta opción extraterritorial exige que el feminicidio no se mida como un hecho aislado, sino como una expresión de discriminación estructural que el Estado debe erradicar.
· La solicitud de incursionar en la aplicación de la iniciativa spotlight permite recurrir a los marcos metodológicos de ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para auditar las investigaciones de feminicidio al verificar que se cumplan las diligencias ministeriales básicas que en el caso de Edith fueron ignoradas inicialmente.
· Asimismo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es posible solicitar medidas cautelares si existe un riesgo inminente para la integridad de los familiares que buscan justicia o para preservar pruebas críticas que la fiscalía local podría comprometer.
La nueva Ley General contra el Feminicidio será un triunfo vacío si no se acompaña de una purga en las fiscalías y de una reestructura radical en el servicio público.
La justicia para Edith no llegará solo con la detención del vigilante del edificio; llegará cuando ningún familiar tenga que bloquear una vialidad o acceder a concretar un soborno para que el Estado busque a su hija. Mientras la brecha entre la ley y la realidad siga siendo tan ancha, México seguirá siendo un país donde ser mujer es un factor de riesgo mortal. Así que no quisieron llegar todas.
Conmemoración: ¡Feliz cumpleaños, Georgina y Jorge, mis padres y lectores!
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