El abatimiento de Nemesio “N”, alias “El Mencho”, no sólo fue un evento de seguridad nacional, sino una de las operaciones tácticas militares más onerosas de la década. Mientras las autoridades celebran la caída de un pilar del crimen organizado, desde la ciudadanía no debe pasar desapercibida la pregunta: ¿cuál fue la factura final que pagamos todos?
La captura de un objetivo prioritario no comienza con el primer disparo, sino con meses de rastreo. El Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República habrían destinado una fracción crítica de su presupuesto operativo de 2026 (que para inteligencia en Jalisco ronda los 2 mil 034 millones de pesos) solo a este caso, según la Estrategia Programática del Ramo de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se estima la participación de mil 200 elementos entre fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Con un salario promedio de 20 mil pesos mensuales para la tropa y hasta 133 mil para altos mandos, tan solo el pago de haberes y bonos de riesgo por los días del operativo asciende aproximadamente a 4.5 millones de pesos, según datos vigentes de las obligaciones de transparencia de esas entidades públicas.
La Fuerza Aérea Mexicana desplegó helicópteros UH-60 Black Hawk y Cougar EC-725. Un Black Hawk tiene un costo de operación de 6 mil dólares por hora, según el valor de mercado. Con 10 aeronaves operando simultáneamente durante el cerco de 48 horas, el gasto en combustible y mantenimiento superó los 50 millones de pesos.
El uso de vehículos blindados ligeros y unidades de transporte terrestre implicó un desgaste de activos valorado en otros 15 millones de pesos en logística y suministros.
Por otro lado, el éxito militar se vio empañado por un amedrentamiento ocasionado por 252 bloqueos informados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y es justo aquí donde el costo público se convierte en un impacto económico adverso para el sector privado.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) estima que cada unidad detenida pierde entre 12 mil y 18 mil pesos diarios. Con miles de tractocamiones varados por los bloqueos, las pérdidas logísticas se calculan en 2 mil 300 millones de pesos en solo 72 horas.
La parálisis en estados clave como Jalisco, Michoacán y Guanajuato afectó el suministro de componentes industriales y productos perecederos, con un impacto indirecto que podría alcanzar los 6 mil millones de pesos, según cámaras de comercio.
Destacó también el saldo oficial de 25 elementos federales fallecidos, lo que representa una pérdida que el Estado cuantifica en seguros y pensiones (aproximadamente 2.5 millones por deudo), pero que socialmente significa la fractura familiar derivada de una acción de seguridad nacional considerada un bien mayor.
La inversión total del Estado en este operativo, sumando costos directos e indirectos por daños a la infraestructura y pérdidas económicas regionales, se aproxima a los 8 mil 500 millones de pesos. Una cifra que nos obliga a cuestionar si la estrategia de objetivos prioritarios es sostenible sin un desmantelamiento paralelo de las finanzas criminales que regeneran estos liderazgos.
Al final, conviene recordar una y otra vez que todas las actuaciones del Estado permeadas por el uso de recursos públicos, sin importar su especialidad (como en el caso de la defensa y la seguridad nacional), son y deben ser objeto de preguntas que merecen una respuesta oportuna por parte del Estado. En los alcances del derecho de acceso a la información no hay espacio para el conformismo.
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