La reciente aprobación de la llamada "Ley Nicole" por el Congreso del Estado de Durango en noviembre de 2025 no es un evento legislativo aislado; es la respuesta del Estado a una tragedia que expuso una grieta profunda en nuestra sociedad y en nuestro sistema de salud. La muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, tras someterse a procedimientos estéticos de alto riesgo, obligó a los legisladores a trazar una línea roja definitiva.
Sin embargo, esta reforma al Código Penal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, abre un debate complejo. Al prohibir las cirugías estéticas en menores, Durango entra en un terreno donde colisionan dos fuerzas constitucionales: la obligación del Estado de proteger la vida (el interés superior de la niñez) frente a la autonomía familiar (la patria potestad) y el libre desarrollo de la personalidad.
Un planteamiento que, en una primera reflexión, permite considerar si la prohibición absoluta es la medida más eficaz o si, paradójicamente, podría empujar estas prácticas hacia la clandestinidad.
La reforma es tajante en su redacción. Se tipifica como delito la realización de procedimientos quirúrgicos con fines exclusivamente estéticos o cosméticos en menores de 18 años. El legislador duranguense ha decidido que la madurez biológica y psicológica de un menor es insuficiente para consentir una alteración permanente de su cuerpo por motivos de vanidad.
Las sanciones son severas y buscan un efecto disuasorio inmediato: prisión de 4 a 8 años para los cirujanos o practicantes, inhabilitación y suspensión de la licencia médica para ejercer. Las penas aumentan si el procedimiento se realiza mediante engaños o por personas que usurpan la profesión médica.
Por otro lado, las excepciones que se regulan apuntan a cuestiones de funcionalidad y salud, es decir, procedimientos necesarios para corregir padecimientos que afectan la vida diaria del menor. Asimismo, la corrección de secuelas por accidentes, malformaciones congénitas o enfermedades.
El punto más álgido de esta ley es la tensión entre libertades y restricciones. ¿Tiene el Estado derecho a intervenir en decisiones que, tradicionalmente, pertenecían al núcleo familiar?
La justificación jurídica de la Ley Nicole se basa en que el menor de edad es un sujeto de protección reforzada. La bioética y la neurociencia sugieren que un adolescente, cuyo lóbulo frontal aún no ha madurado, es altamente vulnerable a la presión social y a los estándares de belleza irreales de las redes sociales.
El Estado asume aquí una postura paternalista justificada: proteger al menor de sí mismo y, en ocasiones, de la negligencia o vanidad de sus propios padres. Al prohibir estas cirugías, se prioriza el derecho a la salud y a la integridad física sobre el deseo estético.
Por otro lado, los críticos podrían argumentar una intromisión excesiva en la patria potestad. Si unos padres deciden autorizar una cirugía, ¿debe el Estado prohibirlo bajo el indicativo de privación de la libertad?
Aquí es donde la ley debe interpretarse con cuidado. La línea de entendimiento entre lo "estético" y lo "psicológicamente funcional" puede ser delgada. Una interpretación demasiado rígida podría vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, impidiendo que un menor acceda a procedimientos que, aunque estéticos, tienen un impacto profundo en su salud mental.
Toda ley prohibicionista conlleva el riesgo de crear mercados paralelos. Al cerrar la puerta de las clínicas certificadas a los menores de edad en Durango, existe el peligro real de dos fenómenos, por ejemplo, el turismo médico fuera de la entidad federativa y la clandestinidad.
La "Ley Nicole" es un paso necesario y valiente en Durango para detener la mercantilización del cuerpo infantil. Envía un mensaje contundente: la infancia no se toca ni se moldea con bisturí. Sin embargo, la ley penal es el último recurso.
Para que esta reforma sea verdaderamente efectiva y no solo letra muerta, debe ir acompañada de una vigilancia sanitaria estricta y, fundamentalmente, de una injerencia cultural que, con argumentos sólidos y con base en los lamentables antecedentes, se orienten criterios hacía decisiones informadas desde el campo de la ciencia.
Mientras la influencia de las redes sociales siga validando y exhortando a las infancias por su apariencia y no por su intelecto o habilidades, la demanda por estas cirugías seguirá existiendo, con o sin ley. La batalla legal se ha ganado en el Congreso de Durango en esta ocasión, pero la batalla cultural apenas comienza.
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